El presidente municipal de Espita, Yucatán, Mario Sánchez Esquivel, ordenó un retén policial en el ayuntamiento para impedir el ingreso del periodista Israel Cárdenas, de Novedades Yucatán, a una sesión de Cabildo. Esta medida se tomó en respuesta a la publicación de una nota sobre el presunto incremento del salario del alcalde.
De acuerdo con medios locales, el bloqueo se llevó a cabo por elementos de la policía municipal en la entrada del municipio, con el fin de impedir el paso del vehículo oficial del periodista y de otros colegas de la prensa.
A pesar del operativo, varios reporteros lograron acceder y documentaron la sesión celebrada el 1 de julio. Durante esta reunión, Sánchez Esquivel negó ante la prensa que su sueldo mensual sea de 60 mil pesos, aunque documentos oficiales indican que en la sesión del 24 de junio solicitó y obtuvo la aprobación para aumentar su salario de 50 mil a 60 mil pesos.
El alcalde calificó la información difundida por el medio local y el periodista como "información falsa" y "de mala fe". Además, pidió a su equipo que grabara al público asistente, especialmente a los representantes del medio de comunicación.
En su defensa, Israel Cárdenas leyó el texto publicado y afirmó que "10 meses después del inicio de la administración 2024-2027 del ayuntamiento de Espita, el alcalde Mario Isaías Sánchez Esquivel sometió a aprobación de Cabildo el tabulador de sueldos y salarios que le permitirá al munícipe disparar su salario a 60 mil pesos al mes". Cárdenas insistió en que la interpretación del alcalde respecto a lo publicado es una "apreciación subjetiva".
Además del tema salarial, cuatro de los once regidores votaron en contra de aprobar la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de 2025, citando falta de firmas, pagos sin justificación y ausencia de documentación de respaldo. Entre las observaciones, se destacó un pago de 7 mil pesos a Juana María Baltazar Santos, quien cobró una quincena antes de asumir formalmente como coordinadora de Presidencia.
El bloqueo del acceso de la prensa a una sesión pública ha suscitado preocupación entre organizaciones civiles, las cuales señalaron posibles violaciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución en materia de libertad de expresión y de prensa.
.png)