José Flores Sosa, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), comentó en Aristegui en Vivo que, a pesar de que la narrativa oficial afirma que la intervención de comunicaciones privadas requiere una orden judicial, persisten áreas de vigilancia que facilitan el acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, como la geolocalización en tiempo real.
Indicó que la Ley de la Guardia Nacional ha eliminado el control judicial para ciertos accesos a la información, y el nuevo dictamen en telecomunicaciones permite “procesar datos con inteligencia artificial para decisiones predictivas” sin una supervisión clara.
Flores Sosa advirtió sobre la creación de una infraestructura que haría la vigilancia estatal prácticamente inescapable. Se está construyendo un sistema de vigilancia masiva que coloca a toda la población de México bajo la línea policial, donde sus datos pueden ser accedidos, intercambiados e interconectados.
Crítico además la ausencia de transparencia en plataformas como la Central de Inteligencia y la falta de notificaciones a las personas cuando se accede a sus datos.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, recordó que desde hace 20 años se han ampliado las medidas de excepción para combatir la delincuencia organizada sin controles judiciales efectivos, resultando en una vigilancia masiva sin disminución clara del crimen.
“No se logró desmantelar estructuras criminales, sino un control político y poblacional,”
añadió Maldonado, señalando que casos como el espionaje con Pegasus, que afectó a miles de teléfonos, incluidos los de periodistas y activistas, demuestran la falta de control y la vulneración de derechos.
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