El Gobierno de México rechazó nuevamente las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), quien por primera vez presentó la crisis de desapariciones en el país ante la Asamblea General de la ONU, señalando indicios de una práctica "generalizada" y/o "sistemática" de desaparición forzada.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que las acusaciones del CED "carecen de sustento y no son admisibles", atribuyendo a la "delincuencia organizada" el fenómeno de desaparición forzada en México.
Esta reacción de la cancillería surge después de que el CED activara un procedimiento amparado en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, buscando determinar si las desapariciones en México son sistemáticas y/o generalizadas.
Además de expresar su rechazo, la SRE destacó que México es "uno de los países más abiertos al escrutinio internacional", evidenciado por la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos.
La cancillería subrayó que "la desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción".
Entre las acciones gubernamentales mencionadas, se encuentran la implementación de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, así como el "robustecimiento" del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Asimismo, se indicó que "se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas".
La SRE también señaló que el Gobierno mexicano ha mantenido un diálogo con el CED respecto al procedimiento iniciado en abril, llevado recientemente ante la Asamblea General de la ONU.
Finalmente, se solicitó al Comité considerar "con objetividad, antes de emitir nuevos juicios", el informe enviado por el Gobierno mexicano sobre la situación de las desapariciones en el país.
El martes, representantes de México en la Asamblea General de la ONU expresaron su desacuerdo con el inicio del mencionado procedimiento.
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