La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha propuesto una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de imponer penas de hasta ocho años de cárcel para quienes compren, vendan o almacenen cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esta iniciativa, presentada el 26 de septiembre de 2025, busca alinear la Ley General de Salud con una reforma constitucional promulgada el 17 de enero del mismo año.
La reforma constitucional ya había establecido la prohibición de la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, en conjunto con drogas sintéticas como el fentanilo. Ahora, el nuevo proyecto de ley proporcionaría el marco jurídico necesario para imponer estas restricciones.
Para definir las penalidades, la reforma introduce un nuevo tipo penal a través del artículo 456 Bis. Este artículo estipula una condena de uno a ocho años de prisión, además de una multa que podría oscilar entre cien y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, para cualquier persona que adquiera, prepare, produzca, transporte con fines comerciales, almacene o venda estos dispositivos.
La propuesta se apoya en numerosos hallazgos presentados por la Secretaría de Salud, que asocia el uso de cigarrillos electrónicos con problemas de salud como la EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), daños cardiovasculares y un aumento en el riesgo de cáncer.
Además, destaca la preocupación por un problema creciente de salud pública entre los menores de edad. Datos de 2022 indican que aproximadamente medio millón de adolescentes, de entre 10 y 19 años, han utilizado estos dispositivos, subrayando así la urgencia de abordar este tema desde una perspectiva legislativa.
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