Sheinbaum opina sobre el caso Dato Protegido: 'El poder es humildad, no arrogancia'

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el respeto a datos protegidos y afirmó que el poder debe ejercerse con humildad, no con soberbia.
Autor
Redacción
Publicado el
July 18, 2025

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la sanción impuesta a Karla María Estrella, una ciudadana de Hermosillo. La sanción, determinada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), exige que Estrella ofrezca disculpas públicas durante 30 días tras ser confirmada su responsabilidad en un caso de violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum describió la medida como un exceso, afirmando: “El poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que durante 30 días tenga que disculparse. Sí puede haber una sanción, pero debe estar en su justa dimensión”.

La mandataria subrayó la importancia de sancionar las expresiones que atenten contra la dignidad de las mujeres, especialmente aquellas relacionadas con su apariencia física y emitidas en contextos electorales. Sin embargo, hizo un llamado a los tribunales para actuar con equilibrio: “Vale la pena que jueces y tribunales pongan todo en su justo término”.

Aunque Karla Estrella ya había ofrecido una disculpa dirigida a la diputada Barreras, el tribunal ordenó que esta disculpa se repitiera públicamente durante un mes. Esta decisión ha generado controversia en redes sociales y ha provocado reacciones desde diversos sectores políticos.

En 'Aristegui en Vivo', Karla Estrella, ama de casa en Hermosillo, compartió su experiencia como la ciudadana sancionada por opinar en la red social X. Actualmente, enfrenta una sentencia del Tribunal Electoral que incluye una multa, la obligación de ofrecer disculpas públicas y someterse a un curso de perspectiva de género. En su entrevista con *Aristegui Noticias*, narra cómo una simple publicación cambió su vida.

Este caso reabre el debate sobre los límites entre libertad de expresión y violencia política de género, lanzando la pregunta sobre si es justo que una ciudadana sea sancionada por expresar su opinión.

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