Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que prohíbe la producción, distribución y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos, así como el uso ilícito del fentanilo. Dicho decreto, que entrará en vigor el próximo 18 de enero, modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En particular, se añade un párrafo al artículo 4º que establece sanciones para las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. También se prohíben la producción y distribución de sustancias tóxicas y el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas. Por su parte, el artículo 5º complementa estas disposiciones al especificar que queda prohibida cualquier profesión o actividad comercial vinculada a dichas sustancias.
Además, se establecen plazos claros para la implementación de estas medidas: el Congreso de la Unión tiene 180 días para armonizar su marco jurídico, mientras que las legislaturas estatales deberán realizar las adecuaciones necesarias en un plazo máximo de un año.
Esta iniciativa fue sometida a votación en diciembre de 2024, siendo aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados con 410 votos a favor (de las bancadas del PRI, PAN, PT, PVEM, Morena y una diputada independiente), 24 en contra (bancada de Movimiento Ciudadano) y cero abstenciones.
Durante la discusión particular, el dictamen recibió 327 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones. En esta etapa, la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio (Morena) presentó una reserva para armonizar el texto con reformas previas al artículo 4º, lo que generó un intenso debate.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) manifestó su preocupación por los vicios en el proceso legislativo, argumentando que las reservas intentaban corregir errores técnicos en lugar de abordar de fondo el problema. Por su parte, Marcelo Torres Cofiño (PAN) señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales debería haber revisado el dictamen con mayor rigor. Finalmente, Claudia Anaya (PRI) cuestionó la inclusión del fentanilo en la Constitución, advirtiendo que esto podría derivar en amparos bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Cuando la iniciativa llegó al Senado, fue aprobada en lo general con 110 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, contando con el respaldo de senadores de Morena, PT, PRI y PVEM. Como ocurrió en la Cámara de Diputados, los legisladores de Movimiento Ciudadano fueron los únicos que votaron en contra.
En la discusión particular, el dictamen obtuvo 86 votos a favor y 39 en contra. Aunque existía consenso sobre la necesidad de regular estos productos, las diferencias entre las bancadas quedaron evidentes. El senador Ricardo Anaya Cortés (PAN) argumentó que sustituir “prohibición” por “regulación” permitiría construir una legislación más responsable. Criticó que se equiparara el consumo de cigarrillos electrónicos con drogas como el fentanilo, considerándolo un exceso que violenta la libertad personal.
En una línea similar, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) también se pronunció en contra, señalando que el dictamen busca criminalizar el consumo en lugar de regularlo. Reprochó a Morena por abandonar un planteamiento histórico que buscaba evitar prohibiciones.
En contraste, Enrique Inzunza Cázarez (Morena) defendió la reforma como una medida necesaria para proteger a los jóvenes del uso nocivo de vapeadores y fentanilo, argumentando que estas sustancias han generado una crisis social y sanitaria que exige acciones contundentes.
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