El Congreso del Estado de Chiapas ha dado un paso significativo al aprobar por unanimidad la adición del artículo 424 Bis al Código Penal. Esta medida impone sanciones de dos a seis años de prisión y multas económicas a aquellos servidores públicos que difundan, sin autorización, imágenes, audios o videos de víctimas.
La reforma también considera agravantes en situaciones de violencia de género y feminicidios, como el caso de la divulgación de fotografías del asesinato de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en 2020.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, promotora de la iniciativa conocida como "Ley Ingrid", enfatizó que el propósito de esta reforma es frenar la revictimización y proteger la dignidad de las personas que sufren delitos. Según Aguiar Álvarez, el derecho a la información no debe estar por encima de la dignidad humana.
Aguiar Álvarez aclaró que la reforma no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de establecer un mecanismo legal dirigido a los funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones, difundan material sensible sobre las víctimas.
La diputada explicó que este tipo de difusión "contribuye a la discriminación y estigmatización, especialmente hacia mujeres, niñas y adolescentes".
Por su parte, la Agenda Feminista Chiapas expresó en un comunicado que la aprobación representa un precedente importante en la lucha por la justicia y los derechos de las mujeres en Chiapas.
La agrupación destacó en redes sociales que la reforma está sustentada en la Ley Ingrid y reconoció el trabajo legislativo detrás de su inclusión en el Código Penal. "Este avance crucial, que busca sancionar la difusión de imágenes, videos o información de víctimas de delitos, se materializa para garantizar la dignidad de las víctimas y proteger su memoria", afirmó la organización.
La Agenda Feminista recordó que la medida también implica una obligación para quienes imparten y procuran justicia en el estado, exigiendo respeto y responsabilidad en su actuación.
El comunicado también añadió que la aprobación es vista como "un triunfo colectivo que nos inspira a seguir trabajando por un Chiapas más justo y seguro para todas", subrayando que la lucha feminista ha sido esencial para evitar que las víctimas y sus familias enfrenten procesos de revictimización en momentos de duelo.
Es relevante mencionar que esta ley ya ha sido aprobada en la Ciudad de México, Oaxaca, Colima, Estado de México, Puebla y Morelos, mientras que en Jalisco, Querétaro y Quintana Roo continúa en discusión.
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