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Samuel García, gobernador de Nuevo León, enfrenta quince procedimientos de juicio político que continúan su curso en el Congreso estatal. Durante los últimos días, la oposición sumó siete nuevas denuncias en su contra, presentadas por José Luis Garza Ochoa, dirigente del PRI, y Policarpo Flores, dirigente estatal del PAN, fundamentándose en la negativa de García a publicar decretos de iniciativas aprobadas por el Congreso y su supuesta intervención a favor de la campaña de Mariana Rodríguez Cantú para la alcaldía de Monterrey.
Las denuncias fueron recibidas por el Congreso y enviadas con carácter urgente a la Comisión Anticorrupción. Los partidos PRI y PAN argumentaron a partir de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encontró culpable a García por el uso indebido de recursos públicos para beneficiar a candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano. También se mencionó una sentencia del Tribunal Estatal Electoral que determinó que el gobernador favoreció la campaña de su esposa.
Los procedimientos de juicio político deben ser dictaminados por la Comisión Anticorrupción y requerirán una mayoría calificada en el Pleno para ser aprobados. Hasta el momento, la coalición de Morena, PT y el Partido Verde ha manifestado su oposición a la destitución del gobernador.
Ante esta situación, Samuel García y 12 miembros de su familia han solicitado un amparo ante el juez federal de Reynosa, Tamaulipas. La audiencia constitucional está programada para el 6 de marzo, donde se determinará si se les concede o no el amparo. Un extracto publicado por el Consejo de la Judicatura indica que se le otorgó una suspensión definitiva al gobernador, protegiéndolo contra actos de cualquier autoridad relacionados con el juicio político en su contra. Esta es la segunda ocasión en que solicita juicios de amparo para su esposa, padres, hermanos, suegros y cuñados.
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