La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) ha expresado su preocupación sobre las propuestas legislativas que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión. Estas propuestas están centradas en una nueva Ley de la Guardia Nacional y en reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
En una serie de mensajes difundidos en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), la ONU-DH alertó sobre los posibles riesgos que estas modificaciones podrían conllevar para los derechos humanos, particularmente al fortalecer un enfoque militarizado en las funciones de seguridad pública.
"Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la Guardia Nacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso", publicó la oficina.
El organismo indicó que una de sus principales inquietudes es que la nueva legislación podría otorgar amplias facultades en materia de investigación e inteligencia a los elementos de la Guardia Nacional sin contar con los mecanismos necesarios de control y rendición de cuentas. "Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos”, mencionó en otro mensaje.
Asimismo, la ONU-DH advirtió sobre el posible otorgamiento de nuevas facultades al Ejército en el manejo de información de inteligencia. Según el organismo, estas atribuciones, sin las salvaguardas adecuadas, podrían comprometer derechos fundamentales como la privacidad. "También preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad (previsto por el art. 17 del PIDCP) y otros”, expresó.
La oficina reiteró su postura sobre la importancia de que la seguridad pública sea una función civil y sujeta a controles democráticos. “Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los Derechos Humanos”, concluyó.
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