La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha dado su aprobación al dictamen de la iniciativa presidencial que busca crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, la propuesta establece un marco unificado para la tipificación y persecución del delito de extorsión en todo México.
Esta iniciativa tiene como objetivo que el delito de extorsión sea perseguido de oficio y que pueda ser denunciado de manera anónima, permitiendo a las autoridades comenzar investigaciones sin una denuncia formal. El proyecto pretende armonizar marcos legales federales, como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, proporcionándoles herramientas jurídicas homogéneas para combatir la extorsión a los tres niveles de gobierno.
Las penas propuestas van de 6 a 15 años de cárcel, acompañadas de multas equivalentes a 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quienes obliguen a otros a realizar acciones, dejarlas o soportarlas sin derecho, con el objetivo de obtener un beneficio o causar daño. Agravantes como el cobro de 'piso', la victimización de menores o migrantes, o la participación de servidores públicos traerán consigo medidas más severas.
Además, la iniciativa incluye penas más estrictas para los culpables, restringiendo la posibilidad de reducir sus condenas, salvo en casos excepcionales donde colaboren con la justicia. También se reforzará el uso del número 089 para denuncias anónimas, obligando al Ministerio Público a iniciar investigaciones al tener conocimiento del delito.
Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión y miembro de Morena, explicó que la ley busca “establecer una política nacional integral contra la extorsión” que aborde la prevención, persecución penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes, dado que este delito afecta gravemente la seguridad pública y la economía nacional.
Por su parte, César Israel Damián Retes, diputado del PAN, enfatizó la necesidad de realizar ajustes para garantizar que la ley combata y erradique efectivamente el delito de extorsión que impacta a las familias mexicanas. Destacó que las discusiones actuales responden a los reclamos de agrupaciones y ciudadanos afectados por estos delitos.
El emecista Juan Ignacio Zavala mencionó que, a pesar de que el dictamen incluye gran parte de las propuestas de su partido, persisten inquietudes sobre la admisión de pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos.
Finalmente, el diputado del PRI, Alejandro Domínguez, expresó su abstención debido a la falta de un análisis estadístico sobre el posible impacto de reducir las sanciones, lo que podría permitir la liberación de personas procesadas o sentenciadas por extorsión.
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