El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ha manifestado su desacuerdo con la retroactividad incluida en la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada recientemente por el Senado. Esta crítica se suma a otras voces del ámbito jurídico que también han señalado inconsistencias.
Tras su primera reunión con los medios de comunicación, Aguilar Ortiz fue cuestionado sobre los cambios a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. El ministro calificó la reforma como "necesaria", aunque subrayó que el artículo transitorio que propone la aplicación retroactiva de la ley no se alinea con el artículo 14 de la Constitución. "Esa sí no, esa (parte) se tiene que ajustar", afirmó, dejando claro su postura contraria a la retroactividad incluída en el dictamen que el Senado envió a la Cámara de Diputados.
Además, el ministro señaló que los procedimientos actuales en la ley extienden los juicios de manera innecesaria, lo que hace urgente simplificar los procesos. Comentó que si la Cámara de Diputados no corrige la cláusula de retroactividad, la SCJN tendría que intervenir. "El procedimiento está muy burocratizado, hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces, sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento", enfatizó Aguilar Ortiz.
En la misma charla con los medios, Aguilar defendió la eficiencia de la SCJN tras la eliminación de las dos Salas, desmintiendo a quienes anticiparon más retrasos. Según el ministro, el Pleno del tribunal ha mantenido un nivel de productividad casi equivalente al de la anterior estructura, votando hasta 12 proyectos de sentencia en un solo día y resolviendo 116 casos durante septiembre.
Aguilar Ortiz explicó que, inicialmente, la Corte se centró en los proyectos de resolución de las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Sin embargo, adelantó que los nuevos ministros presentarán sus propios proyectos a partir de octubre, con el objetivo de reducir el rezago de litigios en el tribunal.
El ministro reconoce que los proyectos más complejos, como los que abordan temas de prisión preventiva y litigios fiscales, podrían necesitar al menos un mes adicional para su resolución.
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