La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, no asistió a la sesión privada de la Segunda Sala programada para el miércoles 18 de junio. En esta sesión, se tenía prevista la votación sobre la resolución de un asunto fiscal que, según el proyecto presentado, permitiría una deducción fiscal millonaria. Batres señaló que esta resolución podría generar un impacto considerable en el erario federal. Su ausencia evitó que se lograra el quorum necesario para llevar a cabo la votación del proyecto.
Batres explicó que la Segunda Sala de la SCJN debatía la aprobación de un asunto, el cual, de ser aprobado como estaba proyectado, implicaría una pérdida de 4,442 millones 423 mil 90 pesos para el erario federal.
El caso en cuestión es el recurso de reclamación 158/2025, cuya ponencia fue preparada por el ministro Javier Laynez Potisek. Según lo expresado por Batres, el proyecto tiene como objetivo declarar fundado el recurso, lo que resultaría en el desecho del amparo directo en revisión 1172/2025. Así, permitiría "esta cuantiosa deducción a favor de la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., por concepto de amortización fiscal de gastos diferidos del ejercicio de 2014".
La empresa argumenta que el pago debería ser deducido dado que el impuesto sobre la renta que se le cobró fue generado originalmente por otra compañía del mismo grupo empresarial, con la que se fusionó durante ese ejercicio fiscal. Batres detalló que, tras la fusión, la empresa dejó de generar ingresos a partir del Contrato de Operación Delegada de Servicios de Telecomunicaciones perteneciente a la empresa fusionada, lo cual, según ellos, justificaría la deducción solicitada. Sin embargo, Batres destacó que "el grupo empresarial mantuvo la concesión de la que derivaba ese contrato, que le siguió generando ingresos".
Según Batres, el ministro ponente sugirió que la Corte evitara profundizar en el asunto, al considerar que no se presentaban cuestiones de constitucionalidad. Batres subrayó que "el proyecto del ministro Laynez propone no entrar al fondo del asunto, pues afirma que el caso no contiene ningún tema de constitucionalidad. Esto implicaría que la SCJN debería desecharlo, ignorando que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa claramente que es una obligación contribuir a la hacienda pública".
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