Integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas han denunciado que durante su manifestación permanente frente a la Fiscalía General del Estado, fueron amenazadas y agredidas por policías municipales de Tuxtla Gutiérrez. Estas mujeres se encontraban exigiendo avances en las investigaciones relacionadas con feminicidios y desapariciones de sus hijas e hijos, así como una reunión con el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca.
Durante el incidente, las manifestantes afirmaron que los elementos de seguridad les arrebataron las lonas, las golpearon, las empujaron y las amenazaron con armas de fuego. Según una declaración dada por Adriana Gómez, vocera de *Madres en Resistencia Chiapas* a Aristegui Noticias, "Nos vinieron a quitar, nos arrancaron las lonas, nos apuntaron con armas y nos amenazaron de muerte".
Gómez responsabilizó a la policía municipal de Tuxtla Gutiérrez, bajo la dirección de David Hernández Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital chiapaneca. Paralelamente, en un comunicado publicado en la página de Facebook del colectivo, las madres ofrecieron una descripción detallada de los hechos: "Seguimos vivas a pesar de que nos apuntaron con armas, nos golpearon, nos amenazaron de muerte, arrancaron nuestras lonas, como quisieran arrancar nuestra memoria".
Asimismo, el colectivo señaló que hay funcionarios implicados o señalados, y que existe un amparo que reconoce la desaparición de sus hijos como desaparición forzada, describiéndola como un acto de lesa humanidad. "Por eso quieren desaparecernos, porque saben que ellos son los principales responsables. Ayer llegaron a decir que por órdenes de Eduardo Ramírez (gobernador), Llaven Abarca (fiscal) y Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad) nos quieren meter a la cárcel y desaparecernos", aseveraron.
El suceso provocó una respuesta de al menos 40 colectivos de personas buscadoras de familiares desaparecidos, la Sección Séptima del SNT-CNTE, otros grupos del magisterio, asociaciones vecinales y pronunciamientos individuales, que se unieron para exigir el cese de la represión y las agresiones, además de protección para las familias buscadoras y atención urgente con resultados por parte del Fiscal General Llaven Abarca.
En solidaridad, la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) emitió un pronunciamiento en el que calificó los incidentes como "actos inadmisibles que vulneran los derechos a la protesta, a la libertad de expresión y al derecho a defender derechos humanos". La UNACH reiteró su apoyo a las madres buscadoras y demandó a las autoridades garantizar su seguridad e investigar de manera inmediata los hechos. Enfatizaron que buscar a un hijo o hija desaparecida no es delito, sino un acto de amor y de resistencia.
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