Ocho personas fueron detenidas y se aseguraron tanto animales como materiales de construcción en la denominada "Operación Liberación". Este operativo, que incluyó el cateo simultáneo de 52 establecimientos ubicados en 14 municipios del Estado de México, tuvo como objetivo desmantelar las redes criminales de La Familia Michoacana, conocidas por estar vinculadas con extorsiones.
En la operación participaron 63 células operativas, integradas por 2,866 elementos de seguridad, incluyendo policías y militares.
Durante una conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informaron que el operativo resultó en la captura de siete personas con órdenes de aprehensión en el Estado de México y una en el estado de Quintana Roo. Estas personas están vinculadas con delitos de extorsión y secuestro exprés.
Una de las detenciones destacadas es la de Yareli “N”, quien se desempeñaba como Tercera Regidora en Ixtapan de la Sal. En este municipio, se registraron bloqueos carreteros en al menos ocho puntos, paralizando así tanto el Boulevard Turístico como las carreteras hacia Coatepec Harinas y Villa Guerrero durante el operativo. Los bloqueos fueron aparentemente coordinados por sindicatos de transportistas presuntamente relacionados con La Familia Michoacana.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la regidora fue detenida bajo sospecha de participar en un secuestro exprés con fines de extorsión.
El fiscal del Estado de México detalló el modus operandi de esta red criminal durante la conferencia de prensa. Según se informó, mediante la creación de sindicatos fachada como el “Sindicato Libertad” y el “Sindicato Bradosva”, el grupo delictivo desmanteló violentamente organizaciones legítimas de transportistas, estableciendo así un control monopólico sobre sectores como la venta de materiales de construcción y alimentos.
La investigación reveló que la población y los constructores eran obligados a adquirir productos exclusivamente en establecimientos “autorizados” por el grupo criminal, como las casas de materiales Jimex, Construrama y Aceros Arriaga. En estos locales, los precios eran sumamente elevados, con sobreprecios que alcanzaban hasta un 400% en algunos productos.
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