El reciente descubrimiento de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en condiciones insalubres y apilados, ha llevado a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) a instar a las autoridades locales a llevar a cabo una investigación exhaustiva. Asimismo, se ha enfatizado la necesidad de respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares internacionales establecidos por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU.
Este llamado se alinea con el informe presentado durante el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que urge a los Estados a garantizar el respeto y la dignidad de los fallecidos, incluso en contextos de violencia o colapso institucional. Morris Tidball-Binz, autor del informe y relator especial, destacó la recomendación de desarrollar principios rectores basados en los derechos humanos para la protección de los muertos.
El informe, distribuido por la Asamblea General el 25 de abril de 2024, destaca que es responsabilidad de los Estados asegurar el trato digno de los muertos y señala que este derecho no debe variar según la causa de muerte o el contexto. Tidball-Binz subraya que las personas fallecidas deben estar protegidas legalmente, particularmente en casos de presunta intervención o negligencia estatal en situaciones de violencia extendida.
Además, el informe enfatiza que el trato indigno a los cuerpos puede entorpecer los procesos judiciales, de identificación y reparación. Por ello, se llama a los Estados a adoptar normas claras que eviten la dispersión de responsabilidades institucionales y la impunidad. En el contexto de México, donde los hallazgos de fosas clandestinas y sitios de almacenamiento irregular de cadáveres son frecuentes, este informe refuerza los llamados de colectivos y organizaciones de derechos humanos a adoptar un enfoque forense con perspectiva humanitaria que no revictimice ni oculte las dimensiones estructurales de la violencia.
Organizaciones civiles y la ONU-DH exigen una investigación eficaz en el caso de Ciudad Juárez, además de la identificación de los cuerpos y el respeto a los derechos de las víctimas y sus familias, siguiendo estas recomendaciones internacionales clave.
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