La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación respecto a las propuestas de la nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes de seguridad en discusión en el Congreso. Según la oficina, estas medidas consolidan una “indebida naturaleza militar” y representan una amenaza para derechos fundamentales como la privacidad y la rendición de cuentas.
En un hilo publicado en su cuenta oficial de X, la ONU-DH señaló que la nueva Ley de la Guardia Nacional conferirá a sus integrantes amplias facultades de investigación e inteligencia, sin establecer los debidos controles democráticos ni mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Estas facultades, según el organismo, podrían contribuir a una creciente militarización de las tareas de seguridad pública en México.
**El organismo internacional también expresó inquietudes sobre las disposiciones que permitirían al Ejército procesar información de inteligencia.** Según la ONU-DH, esto podría poner en riesgo derechos como la privacidad, previstos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y carece de salvaguardas efectivas.
"Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos", enfatizó el organismo en su declaración.
Las reformas abarcan cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Diversos colectivos civiles y académicos también han advertido que estas modificaciones podrían permitir prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas.
Desde 2019, la Guardia Nacional opera bajo el mando del Ejército, a pesar de que legalmente mantiene un carácter civil. El llamado de la ONU-DH se suma a la creciente presión internacional para que el Estado mexicano garantice el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en su estrategia de seguridad. Por el momento, estas reformas se encuentran en el Senado, después de recibir el aval de la Cámara de Diputados, donde continúa su discusión.
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