En una reciente entrevista para Aristegui en Vivo, el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro reveló que varias denuncias de contrabando de combustible en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández no recibieron respuesta por parte de las autoridades. Montenegro documentó casos que destacan presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el robo de hidrocarburos.
El primer caso reportado ocurrió el 24 de abril de 2019, cuando un ciudadano denunció que líneas de transporte cargaban combustible robado -conocido como huachicol- en Comalcalco, cerca de una terminal de Pemex. Estas operaciones estarían ligadas a empresas contratistas del gobierno federal y a líderes huachicoleros identificados en informes de inteligencia.
Otro incidente fue documentado el 30 de julio de 2020, donde un denunciante anónimo registró la distribución ilícita de combustible en botellas de tres litros. Este se vendía a 3.50 pesos por litro, sin facturar y con supuesta protección de policías estatales y federales. Montenegro explicó que tras realizar pruebas de densidad, el ciudadano confirmó que se trataba de hidrocarburo robado de Pemex.
Montenegro señaló que varias denuncias fueron dirigidas directamente a Adán Augusto López mientras ejercía como gobernador de Tabasco, pero aparentemente no se tomó acción al respecto. Algunas de las empresas involucradas, como FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, trabajaban como contratistas del gobierno estatal y ofrecían combustible a bajo precio sin facturar, contando con presunta protección policial.
La operación de contrabando incluía la venta de pipas de 60 mil litros y el transporte del combustible a otros estados como Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán. Otro caso involucró a la Maquiladora de Lubricantes SADSB, acusada de vender aceites quemados como combustible alterno. Montenegro informó que varios empleados de esas empresas renunciaron tras descubrir su participación en redes de robo de hidrocarburos en la terminal de Dos Bocas.
El periodista destacó que este tipo de operaciones no son aisladas en la región. Se reporta la compra de pipas o la preparación de huachibuques para vender combustible a comunidades locales y contratistas, con empresas operando sin permisos adecuados en el estado de Tabasco.
Sobre la inacción del estado, Montenegro cuestionó la falta de investigación por parte de las autoridades locales, a pesar del conocimiento sobre estos incidentes y la identificación de transportistas y líderes huachicoleros en informes de inteligencia federal. Hasta ahora, las investigaciones avanzan gracias a la colaboración de testigos protegidos, permitiendo rastrear estas redes de robo.
Montenegro mencionó a Alejandro Torres Joaquín, director de la aduana de Tampico, y a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, exlíder de “la Barredora”, como figuras clave en la investigación de estas redes. Concluyó que, a pesar de la evidencia disponible, el estado no actuó de manera eficaz para desmantelar estas redes criminales, dejando en el limbo casos que afectan el patrimonio y la seguridad energética del país.
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