La presidenta electa de la mesa directiva del Senado de la República para el próximo periodo de sesiones, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez, se comprometió a ofrecer institucionalidad y civilidad durante su gestión.
En sus declaraciones, la senadora subrayó su intención de "elevar el nivel de discusión en el Senado de la República". Castillo Juárez aclaró que, si bien mantendrá su institucionalidad, no renunciará a sus principios ni a su militancia de izquierda.
Durante una entrevista para Aristegui en Vivo, destacó la importancia de trabajar con pluralidad para restaurar el diálogo en el Senado, especialmente tras los recientes conflictos entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña.
“Considero que se debe seguir trabajando, tomando en consideración la pluralidad que existe, pero desde luego también la representatividad de cada uno de los partidos políticos”, señaló Castillo Juárez.
Enfatizó que la política debe servir como un vehículo civilizatorio y propuso el diálogo como una herramienta esencial en este contexto. Señaló la necesidad de que cada integrante del Senado asuma la responsabilidad de sus palabras y acciones.
Reconociendo la existencia de “visiones distintas de país” y propuestas diversas, la senadora indicó que tales diferencias deberán ser abordadas desde el Senado.
En relación al altercado entre Alejandro Moreno, líder nacional y senador del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, Castillo Juárez expresó su solidaridad con Fernández Noroña y mencionó que la agresión fue iniciada por Moreno. Además, destacó que este conflicto ha llevado a una judicialización del proceso.
Sobre el posible desafuero de Alejandro "Alito" Moreno, Castillo Juárez explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar las acciones a seguir, ya que ya existe una denuncia presentada por Fernández Noroña. La senadora subrayó que será la FGR quien defina lo que sucederá en cuanto a las denuncias de ambos senadores.
“Mi posición sería que la Fiscalía resuelva”, afirmó Castillo Juárez.
Finalmente, aclaró que, tras la resolución del Ministerio Público, se seguirá el proceso legislativo que podría incluir la solicitud de un juicio de procedencia y, eventualmente, el desafuero del implicado.