A tan solo unos días de concluir su mandato como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández evaluó su gestión y los desafíos enfrentados en los últimos años durante una entrevista en Aristegui En Vivo.
La ministra reconoció que el máximo tribunal "quedó a deber" en relación con la Reforma Judicial. Además, denunció una "narrativa sistemática" por parte del gobierno del expresidente López Obrador, que consideró una estrategia para debilitar los contrapesos institucionales.
Piña advirtió que la reforma judicial afectará la "independencia judicial" y tendrá "consecuencias en la sociedad", comprometiendo el derecho a una justicia imparcial. Señaló que "la calidad de las sentencias no será alta" debido a la llegada de personas sin experiencia en funciones judiciales.
Al reflexionar sobre las últimas décadas del tribunal constitucional, destacó que su desempeño "ha sido muy positivo", centrado en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, advirtió que el ingreso de nuevos jueces y magistrados requerirá una "curva de aprendizaje", lo cual impactará la justicia en México.
Sobre las investigaciones en el Consejo de la Judicatura Federal, en particular contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar, Piña explicó que la mayoría del Consejo decidió cerrar el caso, a lo que ella se opuso mediante un "voto particular".
Norma Piña, primera mujer en presidir la SCJN, acusó al Ejecutivo de difamar a miembros del Poder Judicial contrarios al discurso oficial. Según ella, los ataques surgieron tras la decisión judicial sobre la Guardia Nacional, ya que el artículo 21 constitucional indicaba su adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública, no al Ejército.
La ministra describió una "estrategia sistemática para destruir instituciones", afectando no solo a la Corte, sino también a varios organismos autónomos. Durante su gestión, promovió foros y debates para abordar un diagnóstico sobre la justicia, señalando que "el problema no radica solo en los tribunales, sino en la base misma de procuración y administración de justicia".
Reconoció que, tras la aprobación de la reforma en el Congreso, la Corte "quedó a deber" por no discutir en profundidad el tema. Subrayó que "hubo cuatro ministros que expresaron que no procedía esa acción" y recordó la necesidad de "ocho votos para declarar la invalidez de una reforma", concluyendo que no se logró el debate necesario.
Norma Piña lamentó la falta de discusión profunda y prefirió no comentar sobre el sorpresivo voto del ministro Alberto Pérez Dayán, ni sobre los rumores de su posible nombramiento como cónsul en Barcelona, aún sin confirmación oficial.