En la madrugada del sábado, un grupo de policías presuntamente adscritos a la Fiscalía General de Nayarit, procedió a desalojar el plantón que integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) mantenían frente al Palacio de Gobierno. Esta manifestación se había extendido por más de un mes y tenía como objetivo exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales que reconocieran oficialmente la organización y los derechos laborales de sus miembros.
Testimonios de los sindicalizados indican que los agentes llegaron encapuchados y sin identificación, portando armas largas. La intervención fue calificada por los manifestantes como una operación realizada con “prepotencia, intimidación y abuso de poder”.
En un comunicado dirigido a autoridades federales, con mención de la presidenta Claudia Sheinbaum, el sindicato afirmó que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero había cumplido su amenaza, ordenando un despliegue de “más de 150 elementos con el protocolo para detener a delincuentes peligrosos”.
Los manifestantes denunciaron que durante la operación fueron despojados de sus teléfonos celulares para evitar que grabaran lo ocurrido, con algunos resultando agredidos físicamente. El sindicato declaró que aprovecharon la vulnerabilidad de los compañeros en guardia, describiendo el desalojo como una violación de los derechos humanos.
Responsabilizando al fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce y al secretario de Seguridad Pública Manasés Langarica, el SUTSEM resaltó lo que consideran un atropello a sus derechos de manifestación. “Hoy somos los trabajadores, mañana puede ser otro sector e inclusive ustedes mismos”, advirtieron en un llamado a la Comisión de Derechos Humanos para intervenir.
Un día antes de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Nayarit había anunciado la apertura de dos carpetas de investigación por obstrucción a las vías de comunicación, debido a bloqueos en Tepic. Según la Fiscalía, existen evidencias para identificar a 200 personas involucradas, quienes serán citadas ante un juez de control. La institución también planea solicitar la suspensión temporal de cargos y aplicar medidas cautelares contra los servidores públicos involucrados.
El operativo se produjo en un contexto de creciente tensión entre el sindicato y el gobierno estatal, tras semanas de protestas por presuntos incumplimientos judiciales y administrativos.
El artículo 6° de la Constitución Política de México garantiza el derecho a buscar, recibir y difundir información, incluido el derecho a grabar actos de autoridad en espacios públicos. Asimismo, el artículo 1° establece que las autoridades deben promover y proteger los derechos humanos bajo principios de universalidad y no discriminación.
La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permite documentar violaciones de derechos humanos sin restricción. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reiterado que los Estados deben garantizar que ciudadanos puedan registrar actos de las fuerzas de seguridad sin represalias.
Según la Recomendación General 25/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obstaculizar grabaciones de actos de autoridad constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión y puede considerarse abuso de autoridad.
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