La Fiscalía General del Estado de Nayarit ha confirmado que Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, ha sido declarado culpable de falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas.
Según el comunicado de la institución, la audiencia de individualización de sanción ha sido programada para el miércoles 11 de septiembre. "Por tratarse de un asunto de interés social, la dependencia continuará informando de manera oficial y oportuna," señalaron.
La causa penal, numerada 850/2020, fue atendida por un Tribunal de enjuiciamiento, representando el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México. Sandoval Castañeda se apropió de un terreno de 58 hectáreas con uso agrícola y ganadero en Aután, municipio de San Blas, mediante la supuesta falsificación de la firma del propietario original, Rubén “N,” en 2012.
Documentos del Registro Agrario Nacional muestran que el 29 de marzo de 2015, Sandoval, ya en funciones como gobernador, fue registrado como ejidatario 227 de Aután, accediendo así a tres predios. El registro fue asentado en el folio de reconocimiento de asamblea ejidal 181700006340, correspondiente a una sesión del 19 de octubre de 2017.
Tras completar su mandato en 2017, Sandoval dejó Nayarit y fue declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020. Fue detenido el 6 de junio de 2021, coincidiendo con las elecciones locales para renovar la gubernatura de Nayarit, en Linares, Nuevo León.
A pesar de que ambas partes alcanzaron un acuerdo reparatorio fuera del alcance de la Fiscalía, el caso continuó por oficio debido al reconocimiento de la afectación causada por las autoridades. La sentencia individualizada se conocerá en los próximos días y podría implicar una pena de al menos seis años de prisión y el pago de una multa.
Sandoval Castañeda aún tiene la posibilidad de apelar esta resolución, ya que es una determinación de primera instancia. El exgobernador permanecerá en prisión por otros delitos del fuero común y por otro caso en curso llevado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero.
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