Óscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) detenido en Estados Unidos, ha manifestado su preocupación por una posible deportación de su cliente. Según Zamudio, si se concretara esta medida, significaría una violación de los derechos de Treviño al no seguir el debido proceso, que debería ser a través de una solicitud de extradición.
El representante legal afirma que la deportación sería ilegal, ya que el gobierno mexicano tendría que proceder conforme a los medios constitucionales establecidos, basándose en el Tratado de Extradición. La situación, según él, demandaría una solicitud de extradición, respetando todas las reglas que conlleva este proceso.
Zamudio describe la situación actual de Treviño como una retención derivada de un tema migratorio, más que como una detención en sí. El Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE) es el ente responsable de su resguardo, según indica el abogado.
Aunque Treviño se encuentra retenido, Zamudio asegura que no hay una situación migratoria irregular. Treviño solicitó formalmente asilo en Estados Unidos para evitar lo que considera una persecución ilegal en México.
“Vimos que iban a violar sus garantías individuales”, comentó Zamudio, quien sostiene que su cliente está legalmente en Estados Unidos y nunca se ha escondido.
El abogado también enfatiza que la solicitud de asilo haría a Treviño “indeportable”, y que si se procediera con la deportación, sería una "traición" al estado de derecho, las leyes y la Constitución de Estados Unidos. Zamudio añade que México, al buscar la deportación y no la extradición, estaría esperando que Estados Unidos realice el trabajo de traer a Treviño sin las garantías necesarias.
El abogado asegura que no hay temor por parte de Treviño o su defensa ante la posibilidad de ser procesado en México. Destaca que la ficha roja de Interpol, emitida en su momento a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), fue cancelada en 2023. Además, menciona que la orden de aprehensión por asociación delictuosa fue negada en su momento, y aunque existe otra por uso de recursos de procedencia ilícita, el Tratado de Extradición limita el procesamiento únicamente a este último cargo.
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