El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha informado sobre el estado del procedimiento que permitiría a la Asamblea General considerar indicios de una posible práctica sistemática de desaparición forzada en México.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que este proceso está estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de los Estados parte.
Durante una sesión de la Asamblea General, se informó que han solicitado al Estado mexicano información detallada sobre la supuesta práctica de desapariciones forzadas.
Tras evaluar la información recolectada, el Comité ha decidido presentar las evidencias ante la Asamblea General de la ONU. Los siguientes pasos del procedimiento serán dados a conocer en los próximos días.
El artículo 34 de la Convención indica que si el Comité recibe información que sugiera la práctica generalizada de desaparición forzada en el territorio de un Estado parte, tras haber solicitado toda la información pertinente, podrá presentar el asunto urgentemente a la Asamblea General a través del Secretario General de la ONU.
En marzo, el Comité activó la fase inicial del proceso al recibir denuncias y evaluar informes, considerando además las respuestas presentadas por México desde 2014 y un informe adoptado tras una visita realizada al país.
El Comité ha enfatizado que, de acuerdo con la legislación internacional, las desapariciones forzadas son actos perpetrados "por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia."
No obstante, el gobierno mexicano ha rechazado esta decisión. El embajador ante la ONU, Héctor Vasconcelos, manifestó que México "no comparte" esta determinación, argumentando que el proceso debería reservarse para situaciones excepcionales y basarse en criterios objetivos, para no desvirtuar su propósito.
Vasconcelos añadió que cualquier modificación o interpretación de la Convención debería surgir de un proceso consensuado entre los Estados miembros de la ONU.
En el pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el gobierno no cometía este delito actualmente. En junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que "México rechaza que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado".
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