La estrategia de militarización en México, que ha otorgado a la Secretaría de Marina el control de puertos, aduanas y otros espacios clave, ha sacado a la luz una compleja red donde confluyen autoridades, empresarios y el crimen organizado. Así lo afirmó Jacobo Dayán en el programa ‘Aristegui en Vivo’, precisando que no se trata solo de corrupción, sino de una “red de macrocriminalidad” en la que instituciones del Estado, agentes públicos y grupos criminales se unen para controlar mercados tanto legales como ilegales. Esta red, según Dayán, opera bajo protección política de alto nivel y se extiende por distintas regiones del país, desde Tamaulipas hasta Veracruz y el Pacífico.
Dayán explicó que el término “empresa criminal continua o conjunta”, utilizado en tribunales internacionales para describir organizaciones criminales complejas, es aplicable aquí. Esta descripción indica que cualquier colaborador, aunque no participe directamente en actos criminales, tiene responsabilidad penal.
Además, destacó cómo actores estatales, empresas y cárteles colaboran en una operación coordinada que genera impunidad y violencia, incluyendo asesinatos y desapariciones. Dayán denunció la falta de acción efectiva por parte de las autoridades y la aparente intención de mantener el caso limitado, para no afectar a los altos mandos involucrados. Esto, según él, evidencia la magnitud y las implicaciones políticas de este entramado criminal.
En su análisis, Dayán se refirió a diferentes componentes de esta red, mencionando a funcionarios aduanales, gobernadores, miembros del congreso, empresarios y cárteles de la droga como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco. Señaló que esta “triada” constituye lo que en México se conoce como redes de macrocriminalidad.
Concluyó que estas redes requieren de impunidad y opacidad para operar, involucrando a empresarios, agentes estatales y criminales en el control de mercados lícitos e ilícitos. Este fenómeno es respaldado, según Dayán, por altos niveles de protección política, menciones que, aunque evidentes, no siempre son transformadas en acciones judiciales o administrativas.
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