Las fusiones y adquisiciones continúan captando la atención de empresas que buscan ampliar sus operaciones en nuevas regiones y mercados. No obstante, al expandirse a nivel global, las compañías enfrentan un aumento en la exposición a riesgos de crimen financiero y deben prestar especial atención a leyes y regulaciones anticorrupción, como la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en México. Por ello, es crucial contar con un programa robusto de cumplimiento que incluya un componente de debida diligencia anticorrupción, especialmente en transacciones internacionales donde los riesgos ocultos pueden ser significativos.
En este contexto, las acciones de entidades regulatorias globales han evidenciado que las sanciones y multas pueden evitarse mediante una adecuada revisión inicial de terceros, identificando riesgos reputacionales o regulatorios. Las infracciones a las normativas pueden resultar en graves consecuencias como multas penales, sanciones civiles, inhabilitaciones, demandas y daño reputacional.
Además, en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, así como en la mitigación de riesgos asociados a terceros, las normas locales e internacionales exigen a las compañías conocer a sus contrapartes. No obtener suficiente información o no realizar una debida diligencia a tiempo puede derivar en medidas coercitivas por parte de autoridades como la Comisión de Bolsa de Valores o el Departamento de Justicia de Estados Unidos (SEC y DOJ, respectivamente).
Las empresas pueden beneficiarse de contratar a una firma externa para la verificación de antecedentes de sus terceros. Estas firmas poseen acceso a múltiples fuentes de información y aseguran independencia en el proceso de selección. Además del proceso de onboarding, el monitoreo continuo de las relaciones comerciales es esencial para detectar factores de riesgo y tomar decisiones informadas, especialmente si algún miembro de la cadena de suministro se ve involucrado en escándalos o es incluido en "listas negras". Contar con investigadores profesionales reduce el riesgo de omitir información crucial, aportando credibilidad al proceso.
Una evaluación de debida diligencia anticorrupción comienza por entender la cultura de la empresa, su estructura organizacional y su modelo de negocio. Este análisis también incluye la postura gerencial hacia la ética y la transparencia en las prácticas operativas, considerando la actitud y filosofía de los ejecutivos frente a temas de fraude y corrupción.
Además, es esencial comprender cómo está estructurado el negocio y evaluar su ámbito de control interno para mitigar los riesgos, incluyendo los de corrupción. Las respuestas obtenidas en estos procesos pueden revelar el nivel de riesgo inherente a potenciales incumplimientos en corrupción. Examinar el modelo de negocio también podría conllevar una revisión de sistemas y registros contables, permitiendo identificar cuentas sospechosas que podrían emplearse para pagos indebidos, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) o transacciones de volumen inusual, como excesivo uso de caja chica.
El siguiente paso en una debida diligencia puede involucrar la realización de pruebas transaccionales para verificar que la información obtenida en entrevistas y documentos es coherente y congruente.
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