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El día de ayer, la Cámara de Diputados, con una mayoría calificada de 321 votos a favor, 112 en contra y una abstención, avaló la lista parcial de candidatos a jueces, magistrados y ministros que competirán en las elecciones del 1 de junio. Este proceso, que ha generado un intenso debate, fue señalado por la oposición como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial, mientras que el oficialismo lo celebra como un avance en la democratización del sistema judicial.
Elaborado por El Cuarto
La discusión en el Congreso se prolongó por cuatro horas, con fuertes acusaciones entre las bancadas. La oposición advirtió que el método de insaculación utilizado para elegir a los aspirantes, permite el ingreso de candidatos afines a Morena, consolidando la influencia del exministro y actual funcionario presidencial, Arturo Zaldívar, pues el listado está compuesto por una alarmante cantidad de personas muy cercanas él.
Tras la votación, el Senado recibió el listado para aprobar otra parte de los aspirantes, y posteriormente, el Instituto Nacional Electoral (INE) integrará los nombres definitivos en la boleta electoral.
Desde la bancada del PAN, la diputada Eva María Vásquez Hernández criticó la falta de criterios rigurosos en la selección de aspirantes. "No estamos viendo una reforma judicial, sino un espectáculo en el que Morena está rifando la justicia para imponer a sus incondicionales", denunció.
En respuesta, el diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, defendió el proceso como un esfuerzo para devolver el Poder Judicial al pueblo. "Este es un modelo democrático que rompe con el control que durante décadas mantuvo la élite política sobre la justicia", aseguró.
Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, denunció que el Poder Judicial intentó influir en el proceso al colocar estratégicamente magistradas en tribunales electorales, sugiriendo que la intención es ganar en los tribunales lo que no logren en las urnas.
Uno de los puntos más polémicos fue la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial en diciembre de 2024. La tarea de selección recayó entonces en el Congreso, lo que, de acuerdo a algunos legisladores, favoreció la inclusión de perfiles alineados al gobierno.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (Movimiento Ciudadano) denunció que la lista con más de 1,400 aspirantes llegó a los legisladores apenas unas horas antes de la votación. "Nos piden evaluar a los candidatos en minutos. Es un atropello al proceso legislativo", afirmó.
Por otro lado, la diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) defendió el trabajo del Comité de Evaluación del Congreso, asegurando que se llevó a cabo de manera "técnica y objetiva", evaluando más de 11,000 registros.
Entre los nombres más destacados de la lista aparecen María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la Presidencia; Ulises Carlín de la Fuente, allegado a Samuel García (MC); y Sara Irene Herrerías Guerra, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Las bancadas de oposición coincidieron en señalar a Arturo Zaldívar como el principal beneficiario de la reforma. Legisladores de Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el exministro consolidará su control sobre el Poder Judicial.
Laura Ballesteros (MC) alertó que "Zaldívar tendrá más poder que la presidenta", mientras que el panista Fernando Torres Graciano acusó que la selección de aspirantes responde a "la repartición de cuotas dentro de Morena".
Desde el PAN, César Israel Damián Retes insistió en que "todos los gobernadores y legisladores tendrán que pedir favores a Zaldívar" para cualquier asunto judicial relevante.
Con la aprobación de esta lista, el próximo paso será la elección directa de los jueces, magistrados y ministros en los comicios de junio.
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