La Asociación Mexicana de Juzgadoras ha condenado enérgicamente el reciente atentado dirigido a la familia de una jueza de distrito, Reyna Rodríguez, ocurrido el pasado fin de semana en territorio nacional. Mediante un comunicado, han manifestado su "total indignación y profundo rechazo ante el cobarde ataque del que fue víctima la familia de una Jueza de Distrito".
Destacaron que este incidente no solo atenta contra la seguridad personal de una servidora pública y su núcleo más cercano, sino que también representa una vulneración del principio del Estado de derecho, fundamental para garantizar la integridad de quienes imparten justicia.
De acuerdo con la información proporcionada por la jueza afectada, su familia fue agredida en su domicilio a plena luz del día. Aunque afortunadamente no sufrieron daños físicos, el ataque subraya el preocupante nivel de violencia al que están expuestos los operadores de justicia, especialmente las juezas, en su labor diaria.
La asociación expresó su preocupación ante la posibilidad de que este hecho pudiera ser una represalia o persecución derivada de la postura crítica y visible de la jueza frente a la actual reforma judicial. Dadas las circunstancias y el contexto de ataques recientes al Poder Judicial, han exigido que las investigaciones consideren esta línea de análisis con seriedad.
La asociación califica la violencia contra operadores judiciales como una afronta directa al sistema democrático y a la impartición de justicia. Al mismo tiempo, consideran que es un grave ataque a la independencia judicial que no puede ser permitido ni minimizado.
Finalmente, hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado mexicano, a los organismos internacionales y a la sociedad en conjunto para no guardar silencio ante estos acontecimientos. Subrayan que permanecerán atentas al desarrollo de las investigaciones y comprometidas en defender su integridad y el ejercicio libre de su función.
Reiteran su firme solidaridad y su compromiso con el esclarecimiento de este atentado, haciendo hincapié en la importancia de garantizar la seguridad e independencia de los jueces y juezas como parte esencial del acceso a la justicia y la democracia.
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