Las autoridades mexicanas deberán abstenerse de aplicar diversas disposiciones de leyes y decretos que conforman un sistema de vigilancia masiva, tras la suspensión definitiva otorgada a favor de la organización ARTICLE 19.
La medida, concedida el 19 de septiembre por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Martínez Cruz, tiene como objetivo proteger derechos fundamentales mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo 1466/2025.
A partir de esta suspensión, no podrán aplicarse artículos de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Asimismo, la suspensión abarca la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
ARTICLE 19 señaló en un comunicado que estas normas implican riesgos para derechos como la privacidad, protección de datos personales, libertad de expresión, seguridad e integridad personales, igualdad, dignidad y legalidad.
La suspensión busca evitar daños graves y de difícil reparación a los derechos humanos, al impedir que se pongan en marcha medidas que, una vez aplicadas, serían casi imposibles de revertir.
La organización recordó que los decretos impugnados “crean un andamiaje legal que permite vigilancia sin controles democráticos ni mecanismos de rendición de cuentas”.
Señaló que, desde 2015, se ha documentado el espionaje con software Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos e incluso representantes de organismos internacionales, y que estas prácticas continuaron durante administraciones recientes.
La suspensión también refuerza la importancia del juicio de amparo como herramienta para proteger los derechos fundamentales frente a leyes y actos que puedan vulnerarlos.
Además, el fallo constituye un precedente relevante para otros casos de amparo pendientes sobre el mismo paquete legislativo y evidencia los riesgos de las recientes reformas propuestas a la Ley de Amparo, que buscan debilitar esta protección.
La organización precisó que, “la decisión refleja el compromiso del juez con los derechos fundamentales” y confió en que otros tribunales, que también revisan amparos relacionados con este paquete legislativo, tomen en cuenta este precedente en sus resoluciones.
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