El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el proceso de solicitar una ampliación presupuestal crucial para llevar a cabo la primera elección judicial en la historia de México, programada para el 1 de junio. Esta solicitud, que asciende a mil 511 millones de pesos, tiene como objetivo aumentar el número de casillas electorales a 86,000, superando las 73,000 inicialmente previstas. La decisión responde a la necesidad de asegurar un ejercicio electoral efectivo y transparente, especialmente tras un recorte previo significativo de 13,476 millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados.
Durante la sesión del Consejo General, celebrada el día de ayer, se formalizó esta solicitud y se discutió cómo se destinarán los recursos adicionales. Ahí, consejeros como Carla Humphrey y Jorge Montaño enfatizaron en la importancia de admitir la petición para asegurar que los comicios se desarrollen de maner óptima y rindan resultados confiables.
“Apelo al compromiso y convicción democrática de la Presidenta de la República, así como de las y los legisladores para que se admita esta propuesta de ampliación, sin reservas o suspicacias, mirando ante todo por la democracia y el fortalecimiento institucional del país”, señaló Jorge Montaño, quien preside la comisión organizadora de la elección judicial.
El presupuesto original del INE para la elección era de 6,219 millones de pesos, cantidad que fue insuficiente para llevar a cabo todas las actividades necesarias para garantizar un proceso electoral legítimo y confiable.
Con los recursos solicitados, el INE planea realizar varias contrataciones clave:
- 513 supervisores y 3,055 capacitadores serán contratados por un periodo de 130 días, lo que representa un gasto aproximado de 285.5 millones de pesos
- Además, se contratarán 22,500 auxiliares de cómputo por 15 días con el fin de optimizar los tiempos del cómputo electoral, lo que costará alrededor de 240.3 millones de pesos.
- Otros gastos incluyen 119.3 millones de pesos para cubrir combustible, viáticos y alimentos del personal encargado de custodiar las elecciones.
El INE también destinará parte del presupuesto a la promoción del proceso electoral y a la atención a candidatas que puedan ser víctimas de violencia durante las campañas. Se propone asignar 8.4 millones de pesos para reforzar la difusión institucional y 6.3 millones para la producción de materiales informativos.
Si Hacienda aprueba la solicitud del INE, el costo total para llevar a cabo la elección judicial ascenderá a 7,730 millones de pesos, lo que representa un incremento del 23.3% respecto al presupuesto ajustado previamente. Este aumento es fundamental no solo para garantizar una mayor cobertura electoral sino también para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a información oportuna sobre los resultados.
Entre los desafíos señalados para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía está la impresión de más de 600 millones de boletas. La capacidad del INE para organizar este evento dependerá en gran medida del éxito en obtener los recursos solicitados. Al respecto, Carla Humphrey enfatizó que esta solicitud no es “para ocurrencias, ni caprichos, ni programas superfluos o suntuarios”, pues está en juego la autenticidad de esta nueva jornada electoral.
“Esa es la naturaleza, alcance y dimensión de las preocupaciones institucionales: servir de mejor manera al propósito para el que esta institución fue creada en 1990, elecciones íntegras, libres, directas, con todas las casillas posibles, y con los procedimientos de capacitación y asistencia electoral, escrutinio y cómputos tan cercanos a la ley como las condiciones fácticas lo permitan”, afirmó Humprhey.
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