Los principales proveedores de banda ancha en Estados Unidos, tanto en sus formas fijas como móviles, han mostrado un notable entusiasmo tras la reciente aprobación de la nueva legislación fiscal por parte del Congreso de EUA y su promulgación por el presidente Donald Trump, conocida como la "One Big Beautiful Bill" (OBBB). Este entusiasmo surge debido a que la nueva ley ordena a la Federal Communications Commission (FCC) identificar 800 Megahercios (MHz) de espectro dentro de un rango de 1.3 a 10.5 Gigahercios (GHz) para ser asignados mediante subastas, con el objetivo de generar ingresos de 85 mil millones de dólares para el gobierno federal.
Específicamente, se establecen metas intermedias, como la obligación de la FCC de subastar al menos 300 MHz de espectro, de los cuales 100 MHz deben ser adjudicados mediante este mecanismo de subasta competitiva en un plazo de dos años tras la promulgación de la legislación.
Además, el nuevo marco fiscal aprobado por el Congreso de EUA incluye diversos incentivos tributarios para acelerar la inversión en infraestructura de banda ancha de nueva generación. Un ejemplo claro es AT&T, que ha anunciado planes para añadir un millón de accesos de banda ancha anual entre 2025 y 2030, motivados por estos nuevos incentivos fiscales. En la misma línea se encuentran otras compañías como Comcast y Verizon, que comparten el optimismo sobre el futuro de la infraestructura de telecomunicaciones en el país.
Es probable que en los próximos años se observe un crecimiento significativo en la industria de las telecomunicaciones en los EUA, con la expansión de infraestructura de banda ancha móvil de nueva generación y una mayor conectividad de hogares a infraestructuras de banda ancha fija de alta velocidad. Estos avances se verán complementados por incentivos fiscales destinados a la inversión en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, incluyendo centros de datos y granjas de servidores.
En contraste, el panorama de las telecomunicaciones en el país vecino es diferente. El marco legal actual no promueve la inversión en infraestructura de banda ancha de nueva generación y no establece una ruta clara en cuanto al espectro radioeléctrico que se planea liberar para el mercado. Aunque el artículo 5 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) impide que estados y municipios impongan contribuciones específicas y busca facilitar el despliegue de infraestructura, no se encuentra el mismo impulso hacia la inversión general.
Además, la modificación de los contratos de adhesión, presentada en el dictamen de las comisiones unidas de la cámara alta, no fue discutida ni justificada adecuadamente, según reportes. Este cambio podría limitar el dinamismo comercial de un sector que debería destacarse por la innovación.
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