El paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México alcanzó este martes los 32 días, ocasionando el retraso de miles de audiencias en juicios penales, civiles, mercantiles y familiares. Este paro afecta significativamente a madres que buscan arreglos sobre pensiones alimenticias y la custodia de sus hijos.
Los trabajadores, quienes exigen un aumento salarial superior al 5% y una reducción de las cargas de trabajo, iniciaron el paro el 29 de mayo, poco antes de las elecciones judiciales. No obstante, aún no han logrado un acuerdo con Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que llevó al Consejo de la Judicatura estatal a suspender plazos en miles de casos.
A pesar del paro, se mantienen operativas las guardias en las principales sedes del Tribunal para atender emergencias. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el futuro de los casos no atendidos por más de un mes.
Suspensión tras suspensión
El lunes 30 de junio, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió un acuerdo suspendiendo los plazos legales previstos para ese día, sumando así 22 suspensiones del Poder Judicial capitalino, que comenzó en una sede y se extendió a otros tribunales y unidades judiciales.
El acuerdo V-70/2025 estipula que los jueces de la Ciudad de México en materias Civil y Familiar deben actuar exclusivamente dentro de sus competencias, siguiendo el calendario autorizado, con el propósito de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no está claro cuáles casos se consideran urgentes.
En respuesta, un colectivo de madres llamado “Unidas” ha instado al magistrado Rafael Guerra y a los empleados del Poder Judicial a llegar a un acuerdo. Argumentan que la paralización judicial ha tenido un "impacto devastador en la vida" de los menores afectados, sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad.
El grupo “Unidas” señala que esta situación viola "flagrantemente los principios de justicia y protección a la infancia", aunque reconocen que las demandas laborales de los trabajadores de base son legítimas.
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