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El sistema financiero mexicano se encuentra en medio de un desafío significativo tras las acusaciones y sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanos: Intercam, CI Banco y Vector. Estas entidades han sido señaladas por presuntos nexos con cárteles de las drogas, lo que ha puesto a prueba la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Este caso surge en un contexto donde las acusaciones desde Estados Unidos hacia México, relacionadas con organizaciones de narcotráfico, han escalado. A pesar de los avances del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en contra del narcotráfico, las críticas desde el país vecino han aumentado, con voces influyentes del gobierno de Donald Trump haciendo eco de estas acusaciones.
La implicación de estas entidades financieras ha tenido un impacto inmediato en la reputación del sector financiero mexicano. La incertidumbre generada llevó a la agencia calificadora HR Ratings a degradar sus calificaciones crediticias y colocarlas en perspectiva negativa. En respuesta, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, comunicó que el Tesoro de EE.UU. no ha presentado pruebas contundentes, aunque expresó su disposición de colaborar, reiterando su postura de no subordinarse.
Poco después, se anunció la intervención gerencial de los dos bancos afectados, CI Banco e Intercam, seguida por la intervención de la casa de bolsa Vector. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó esta medida.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), bajo la presidencia de Alvaro García Pimentel, aseguró que los activos de los clientes están seguros, resguardados en la S. D. Indeval. El comunicado sobre la intervención fue respaldado por diversas entidades financieras, incluyendo la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y el Banco de México.
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