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A través de un memorando emitido el 5 de febrero de 2025, el fiscal general de Estados Unidos informó que la administración de Donald Trump endurecerá su política de seguridad con el objetivo de lograr la "eliminación total" de los cárteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. La nueva estrategia, ordenada directamente por Trump el 20 de enero, busca contener el tráfico de fenatnilo y detener el flujo migratorio; de acuerdo al documento, la administración de Trump busca "erradicar estas amenazas mediante la movilización de todos los recursos disponibles del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales".
El documento establece que las fiscalías de EE.UU. deberán priorizar el procesamiento de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como de grupos como la MS-13 y "El Torre de Araújo (T-4)", mediante la presentación inmediata de cargos por crimen organizado y corrupción transnacional. Además, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) conformarán un equipo de trabajo especializado para acelerar las investigaciones y capturas. El Departamento de Justicia también enfocará sus esfuerzos en la incautación de activos financieros ligados al crimen organizado, reasignando personal de otras unidades para fortalecer esta misión.
Anterior a esto, el 1 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva, disponible en la página del registro federal de Estados Unidos, en la que amplía la emergencia nacional en la frontera sur y ordena la imposición de aranceles del 25% a los productos provenientes de México. La medida, titulada Imposición de Derechos Aduaneros para Abordar la Situación en Nuestra Frontera Sur, establece que el incremento en la migración y el tráfico de drogas representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.
Según el documento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha registrado más del triple de encuentros inadmisibles en comparación con el primer mandato de Trump. La orden afirma que tanto México como Canadá han fallado en contener el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas que ingresan al país a través de sus fronteras. También acusa al gobierno mexicano de brindar refugio a los cárteles y de no destinar los recursos suficientes para frenar significativamente el tráfico de drogas y la migración irregular. "El gobierno de México ha brindado refugio a los cárteles, permitiéndoles operar libremente y facilitando la crisis de adicción y violencia en nuestras comunidades", señala la orden ejecutiva sobre la frontera sur.
"Las organizaciones mexicanas de narcotráfico son los principales traficantes en el mundo de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas (...). Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos cárteles peligrosos del entorno bilateral", señala la orden.
La orden ejecutiva también otorga al Departamento de Seguridad Nacional la facultad de supervisar la cooperación mexicana y recomendar medidas adicionales si el gobierno de México no toma acciones adecuadas.
Es en este documento en el que se espablecen las tarifas arancelarias que quedaron en pausa la semana pasada. Esta orden ejecutiva señala que se impondrán dichos aranceles como una medida de presión para el gobierno mexicano y, en caso de que este tome represalias comerciales, dichas tarifas serán endurecidas para asegurar la eficacia. También, se señala que estos impuestos quedarán suspendidos si México toma acción; de no dar resultado, estos volverán a ponerse en marcha.
El secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio, tendrá la responsabilidad de implementar la orden, incluyendo la adopción de regulaciones y modificaciones al Sistema Armonizado de Tarifas de EE.UU. (HTSUS). También deberá presentar informes periódicos al Congreso sobre la emergencia nacional declarada bajo la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia.
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