La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general y en lo particular la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una decisión destacada: la eliminación de la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que anteriormente permitía a las instituciones de seguridad el acceso a datos personales.
Con 445 votos a favor de partidos como Morena, PVEM, PT, MC y PAN, y 37 en contra del PRI, el proyecto fue aprobado en lo general. En lo particular, la aprobación contó con 423 votos a favor, nuevamente con el apoyo del oficialismo y el PAN, y 63 votos en contra del PRI y MC. El dictamen ahora se dirige al Senado de la República para su revisión y, potencialmente, su aprobación final.
Propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta nueva ley establece un Sistema Nacional de Seguridad Pública compuesto por diversas entidades como el Consejo Nacional, el Gabinete Federal de Seguridad Pública, y diferentes conferencias nacionales encargadas de justicia, seguridad pública, y sistema penitenciario, entre otros.
Entre los cambios más notables a la propuesta original, se eliminó el párrafo que estipulaba que "la seguridad pública es de carácter civil", además de posicionar a la Guardia Nacional, formalmente adscrita a la Defensa, como la principal institución de seguridad federal, aunque con un enfoque y formación en doctrina policial civil.
La ley introducirá un Sistema Nacional de Información compuesto por registros y bases de datos nacionales, accesibles a las instituciones de seguridad pública para su consulta e interconexión. Las instituciones policiales, de justicia y penitenciarias, así como los Centros de Comando y Control, tendrán la capacidad de compartir, actualizar y consultar información en este sistema de forma diaria.
La información contenida en estos registros será clasificada como "reservada" en temas sensibles como detenciones, información criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección y personas sentenciadas, a excepción de la información estadística requerida para los Censos Nacionales de Gobierno por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Los registros incluirán detalles sobre armamentos y equipo, detenciones, incidencia delictiva, información penitenciaria, mandamientos judiciales, personal de seguridad pública, medidas de protección, vehículos robados y recuperados, eficiencia ministerial, medidas cautelares, así como soluciones alternas y formas de terminación anticipada.
Además, la nueva normativa otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública la facultad de aprobar los criterios para la distribución de los Fondos de Ayuda Federal destinados a la seguridad pública, los cuales están compuestos por recursos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
César Damián Retes, diputado del PAN, declaró que, aunque su bancada votó a favor, esto "no es un cheque en blanco", y subrayó que estarán "atentos, vigilantes y esperando los resultados".
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