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La Cámara de Diputados de México aprobó, en lo general, un dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer un sistema de vivienda con orientación social. Este se devolverá al Senado para cumplir con lo estipulado en el inciso e) del artículo 72 constitucional.
El proyecto tiene como propósito convertir al Infonavit en un constructor y arrendador de vivienda social, asegurando que los recursos administrados por el instituto se destinen a la construcción de viviendas accesibles para los trabajadores derechohabientes.
La iniciativa también establece que las mensualidades del arrendamiento social no podrán exceder el 30% del salario de los trabajadores. Además, se contempla que las empresas de todos los sectores están obligadas a realizar aportaciones a un fondo nacional destinado a este fin.
Durante la discusión, varios legisladores presentaron propuestas de modificación, aunque algunas fueron retiradas o rechazadas.
Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Bis, 22, 23, 24, 25 Bis, 29, 41, 41 Bis, 42, 43 Bis, 44, 47, 51, 51 Ter, 51 Quáter, 51 Quinquies, 63, 64, 66, 66 Bis y 70 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Por parte de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, se reservaron los artículos 97, 110, 139, 140, 141, 145 y 147, así como los transitorios Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo y Décimo Segundo del proyecto de decreto, cuyas reservas quedaron en términos del dictamen.
Esta iniciativa brinda al Consejo de Administración del Infonavit de atribuciones clave en la supervisión y dirección de las actividades del Instituto. Compuesto por 12 integrantes, este órgano será responsable de decidir sobre las inversiones y financiamientos del Infonavit. Entre sus funciones se incluirá la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos, así como los planes de labores y financiamiento del Instituto. Además, el Consejo debe garantizar que los recursos se destinen adecuadamente para el otorgamiento de créditos a los derechohabientes.
Las bancadas opositoras han manifestado preocupación respecto a la composición y el equilibrio del Consejo. Aunque se mantiene un modelo tripartito, los comités de Vigilancia, Transparencia y Auditoría tendrán una mayoría de integrantes del gobierno, lo que podría influir en la toma de decisiones. El director general del Infonavit, nombrado directamente por la Presidencia de la República, también tendrá derecho a veto sobre resoluciones del Consejo que no sean aprobadas por unanimidad.
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