El gobierno del estado de Chiapas ha oficializado el relevo en la dirección del Instituto del Deporte del Estado (INDEPORTE), tras las acusaciones contra Adonaí Sánchez Osorio por presunto acoso a una joven atleta. En su lugar asumirá Bárbara Altuzar Galindo, ex regidora del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en medio de una creciente exigencia ciudadana por espacios deportivos seguros.
La salida de Sánchez Osorio se dio tras la difusión de un audio en redes sociales, en el que se le escucha usando expresiones inapropiadas hacia una persona menor de edad. Este jueves, Sánchez Osorio difundió un comunicado en sus redes, anunciando su decisión de apartarse del cargo para "atender y aclarar este tema con la seriedad que merece".
He decidido separarme de mi cargo como director del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas para atender y aclarar este tema con la seriedad que merece.
El exfuncionario insistió en la importancia de salvaguardar su nombre y el de su familia, asegurando que siempre se ha conducido "con respeto, transparencia y responsabilidad". A pesar de ello, evitó mencionar el contenido del audio y la intención detrás de sus comentarios.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, enfatizó que su administración busca “proteger a las infancias” como parte de un "decálogo humanista" elaborado por la Fiscalía General del Estado. Subrayó que espera que durante su gestión nadie se sienta agredido o acosado y que los funcionarios actúen con "un respeto profundo" hacia las personas.
Estas circunstancias generaron preocupación y movilizaron a madres, padres, entrenadores y colectivos feministas, quienes demandaron medidas inmediatas. La colectiva Madres en Resistencia Chiapas denunció que “el acoso también es violencia institucional” y solicitó una investigación seria y con enfoque de género sobre el comportamiento del exdirector.
El grupo también asoció este caso con un entorno de impunidad aludiendo al feminicidio de la joven deportista Jade Yuing, ocurrido en 2020 sin que se haya hecho justicia hasta ahora. Las exigencias del colectivo incluyen no solo posibles sanciones legales, sino también una reestructuración del INDEPORTE que garantice condiciones seguras para mujeres y adolescentes.
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