Entre coronas de flores, veladoras y lamentos, familiares y amigos despidieron a Bernardo Bravo Manríquez en Morelia. Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado el pasado 19 de octubre en una carretera de Tierra Caliente.
Su muerte, confirmada por la Fiscalía General del Estado, resalta la persistente violencia y las extorsiones que afectan al sector agrícola en Michoacán. El funeral se llevó a cabo en una capilla privada de la capital michoacana, reuniendo a decenas de personas que acudieron para rendir homenaje.
Durante la ceremonia, su esposa, la magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado, recordó a Bravo como “un defensor de muchos derechos, de cosas ilegítimas e injustas, un líder con inteligencia y paciencia para el campo, sabiendo producir limones con convicción, promotor de la paz social y de la dignidad de las personas”. “Él decía que sin justicia no hay paz social”, expresó Navarro Lepe, visiblemente afectada, mientras agradecía las muestras de apoyo recibidas de todo el país.
El cuerpo del joven empresario fue encontrado dentro de su camioneta, con signos de violencia, en el tramo carretero Apatzingán–Presa del Rosario, cerca de la localidad de La Tinaja.
Según las autoridades estatales, Bravo contaba con tres escoltas y un vehículo blindado, pero en el momento del ataque no estaba acompañado por su equipo de seguridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mencionó que “aparentemente, se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado de escoltas, pero en Apatzingán por algún motivo hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia”.
Por su parte, el fiscal Carlos Torres Piña indicó que una de las líneas de investigación apunta a que Bravo fue citado por un líder criminal, reforzando así la hipótesis de que su asesinato estaría vinculado con las redes de extorsión que operan en la región.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) condenó el crimen y advirtió que la violencia contra productores “representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria del país”.
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