La directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, Fabienne Cabaret, ha señalado que los ataques al Poder Judicial en México no comenzaron con la reforma de 2024, sino que forman parte de un proceso estructurado y deliberado desde 2018, impulsado principalmente por el Ejecutivo federal.
En una entrevista en Aristegui en Vivo, donde presentó el informe “La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México 2018-2024”, Cabaret expuso un recuento para analizar cuándo comenzó este proceso y cómo se desarrolló hasta culminar en la Reforma Judicial de 2024.
De acuerdo con el análisis, esta ofensiva contra el Poder Judicial inició en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de una constante narrativa en las conferencias matutinas, donde se cuestionaba la legitimidad y funcionamiento de dicho poder.
“Desde el año 2018 hubo un uso bastante importante de la psicología social, podríamos decirlo así, para implementar esa aceptación de la idea de que efectivamente el Poder Judicial no servía y que había que cambiarlo”,
señaló Cabaret. En este marco discursivo, se difundió la percepción de que el Poder Judicial estaba “lleno de corruptos y que había nepotismo”.
El informe identifica una primera etapa centrada en la deslegitimación pública del Poder Judicial.
“Primero fue la de deslegitimizar (…) desacreditar y deslegitimizar al Poder Judicial,”
destacó la entrevistada, explicando que esta narrativa fue promovida desde espacios clave como las conferencias presidenciales y sesiones legislativas, para generar consenso social sobre la necesidad de una transformación profunda.
La segunda etapa se reflejó en una serie de iniciativas legislativas. “Durante el periodo de finales de 2018 a mediados de 2024 se presentaron 137 iniciativas de reforma relacionadas exclusivamente con el Poder Judicial de la Federación”, reveló Cabaret. Aunque muchas no prosperaron, ilustran una clara intención de “atacar la estructura en sí del Poder Judicial”.
La tercera fase del proceso fue, según Cabaret, la intensificación de ataques y descalificaciones en momentos estratégicos, especialmente cuando jueces y ministros fallaron en contra de reformas clave del Ejecutivo.
“Hubo una intensificación justamente específica de la crítica en momentos claves (…) por ejemplo el tema de la reforma para la Ley Eléctrica o la declaración de inconstitucionalidad del famoso Plan B”,
explicó.
Cabaret también señaló que la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte marcó otro punto de inflexión en la crítica al Poder Judicial. “Con la llegada de Norma Piña (…) hubo un aumento drástico de la crítica al Poder Judicial y a ella específicamente”.
La directora subrayó que el discurso gubernamental ha apelado a una supuesta demanda ciudadana de democratización judicial. Sin embargo, su investigación sugiere que “la reforma no fue producto de una necesidad legítima de la población, sino más bien fue un plan muy meticuloso, muy estructurado, con distintas fases y distintos actores”.
Cabaret concluyó que, aunque es legítimo que la sociedad exija cambios, “sí se ha usado esa narrativa de la necesidad de la población y de democratizar el Poder Judicial, pero más bien parece que respondió definitivamente a una intención desde el Ejecutivo de quitarse de encima prácticamente un poder incómodo”.
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