Consejo de la Judicatura de la CDMX ordena reanudar actividades del Poder Judicial en la capital

El Consejo de la Judicatura de la CDMX ordenó reactivar las actividades del Poder Judicial en la capital tras un paro.
Autor
Redacción
Publicado el
July 6, 2025

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha ordenado la **reanudación inmediata** de todas las actividades y servicios de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial capitalino. Esta decisión se comunica a través de un comunicado oficial del Consejo de Judicatura, especificando que las actividades deben reactivarse conforme a los horarios establecidos por la normatividad vigente.

El paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México se extendió por 36 días, afectando las operaciones en tribunales y juzgados de lo familiar. El motivo principal del paro es la demanda de un aumento salarial superior al 5% y la búsqueda de alivio ante las cargas de trabajo excesivas, lo que llevó a los trabajadores a suspender actividades desde el pasado 29 de mayo, apenas tres días antes de la elección judicial.

Mediante el Acuerdo V-73/2025, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México dejó claro que la reactivación de las actividades **no restringe** el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica, siempre y cuando no interfiera con el orden público ni impida las labores del Poder Judicial en la ciudad.

Además, se ha instado a los titulares de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial a aplicar las disposiciones administrativas vigentes para **garantizar el funcionamiento óptimo** de la administración e impartición de justicia. Esto incluye informar que, de no asistir al área de adscripción, y de persistir bloqueos que impidan el acceso a las sedes, no será posible asegurar la continuidad de servicios esenciales, como el procesamiento de la nómina.

Finalmente, se ha instruido a los responsables de los órganos judiciales a reanudar, con prontitud, los asuntos suspendidos. Esta medida busca priorizar el interés superior de niños y adolescentes, además de satisfacer la necesidad indispensable de la sociedad de contar con servicios que permitan ejercer su derecho de acceso a la justicia, una obligación fundamental del Estado.

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