En el aniversario de los sismos de septiembre de 1985 y 2017, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) resaltó la importancia de reducir incertidumbres en el diseño de construcciones en la Ciudad de México. Según el Comité de Seguridad Estructural del CICM, la prevención y rehabilitación de edificaciones son claves para minimizar riesgos futuros y fortalecer la resiliencia urbana ante eventos inesperados.
El sismo del 19 de septiembre de 2017, de 7.1 grados de magnitud, afectó más de 25,000 viviendas, dañó 1,132 escuelas, provocó el colapso de un hospital y dejó 13 inmuebles en riesgo. La reconstrucción requirió una inversión de 15,755 millones de pesos y las pérdidas económicas directas alcanzaron los 88,439 millones de pesos, concentrándose casi la mitad en la Ciudad de México.
Los expertos advierten sobre la vulnerabilidad estructural persistente en muchos edificios dañados. Este problema se agrava por hundimientos y deterioro de materiales, disminuyendo la vida útil de las construcciones y aumentando el riesgo ante futuros movimientos telúricos.
Normas y nuevas tecnologías
Desde 2023, México implementó la Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación de Edificios Existentes, que ofrece criterios modernos para mejorar la resistencia de las construcciones. Los códigos de construcción, que se actualizan cada seis años, clasifican edificios como insuficientes estructuralmente, destacando hospitales y unidades habitacionales.
El Comité afirmó que el respeto al Reglamento de Construcciones y a sus Normas Técnicas Complementarias es crucial para mitigar riesgos. El Colegio también destacó los avances en ingeniería sísmica que ahora incluyen tecnologías como sensores, drones y sistemas satelitales, útiles para monitorear riesgos, prevenir accidentes y optimizar la gestión de desastres.
El CICM enfatizó que reforzar edificaciones es más eficiente que reconstruirlas, priorizando intervención en hospitales, escuelas y unidades habitacionales que albergan poblaciones numerosas y vulnerables. “Para lograrlo, la responsabilidad debe ser compartida entre propietarios, autoridades y el sector inmobiliario, que pueden apoyarse en incentivos fiscales, seguros y fondos de garantía”, indicó el CICM.
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