El Congreso de la Ciudad de México ha dado el visto bueno a la reforma del artículo 125 del Código Penal local, conocida como la "Ley Crucito". Esta normativa aborda principalmente la inclusión del homicidio de hermanastros y hijastros como un acto delictivo específico con penalizaciones más severas.
Elizabeth Mateos Hernández, diputada del partido Morena, fue la encargada de presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Mateos Hernández recordó el caso de un niño de seis años de Iztacalco que, de acuerdo con sus palabras, fue víctima de violencia por parte de la pareja sentimental de su madre. Conocido cariñosamente como "Crucito", su historia es la base para esta reforma.
La reforma al artículo 125 del Código Penal busca específicamente castigar con hasta 30 años de cárcel el homicidio cometido contra hermanastros o hijastros, incluyendo la pérdida de los derechos del agresor sobre la víctima. La diputada afirmó que esta medida es un esfuerzo por fortalecer la protección de la niñez y reconocer la diversidad familiar, impidiendo que la violencia se ampare en un vínculo familiar.
Mateos Hernández enfatizó que el interés superior de la infancia no es solo un eslogan, sino un mandato que requiere acciones a favor de la vida y dignidad de los niños. Además de honrar a Crucito, la reforma pretende asegurar que los menores estén bajo la protección del Estado.
En su discurso, la diputada también destacó un caso reciente en Guanajuato, en el que un niño de nueve años fue asesinado por su padre bajo la influencia del alcohol, subrayando la importancia de la protección infantil.
Por su parte, el congresista Israel Moreno Rivera del Partido Verde Ecologista de México, reflexionó sobre cómo estos delitos afectan a la sociedad y la necesidad de asegurar los derechos de los niños, quienes a menudo sufren violencia familiar.
Es importante destacar que antes de esta reforma, el homicidio de hermanastros o hijastros se consideraba como homicidio simple y se sancionaba hasta con 8 años de prisión. Con esta modificación, la penalización puede llegar hasta 30 años, y si se comprueba que hubo violencia, el castigo podría extenderse a 50 años de cárcel.
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