El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una serie de modificaciones a la Ley de Movilidad local, específicamente enfocadas en la regulación de la micromovilidad. Estas reformas introducen una nueva categoría para vehículos motorizados personales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, proporcionar certeza jurídica y fomentar la sustentabilidad.
El dictamen reformó diversas fracciones del artículo 9, 12 y 64 de la ley, añadiendo, entre otras, la fracción CIII Bis. Durante la discusión en el pleno, se aprobó una reserva presentada por la legisladora Patricia Urriza Arellano de Movimiento Ciudadano, que aclaró la definición de motocicletas como aquellos vehículos que no requieren tracción humana, además de armonizar términos legales para distinguirlos de vehículos no motorizados.
Además, se dio luz verde a la reserva propuesta por el legislador Paulo Emilio García González de Morena, que establece los parámetros de potencia de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE). Se especificó que deben tener un motor con potencia continua nominal de entre 250 watts y un kilovatio, siguiendo los parámetros de la Ley General de Movilidad y normas vigentes.
El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y miembro de Morena, destacó que la propuesta regula vehículos de bajo impacto ambiental, ideales para trayectos cortos, y refuerza un marco normativo que prioriza garantías de seguridad para la movilidad en la ciudad.
Según Macedo Escartín, la iniciativa, respaldada por el grupo parlamentario del PVEM, el diputado Federico Chávez Semerena de PAN y la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina, refleja un enfoque centrado en las personas. Se busca abordar problemas como conducción en banquetas, exceso de velocidad, falta de uso de casco, y sobrecarga de pasajeros que ponen en riesgo a conductores, peatones y ciclistas.
El dictamen subraya la importancia de armonizar con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para evitar vacíos legales sobre la operación y responsabilidad en caso de accidentes. Estas modificaciones están alineadas con la estrategia nacional para mejorar la seguridad vial y la regulación de vías urbanas.
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