En una sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado sanciones destinadas a las personas conocidas como 'franeleros', quienes ocupan u obstaculizan la vía pública a cambio de un pago. Esta medida, impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, contempla arrestos "inconmutables" que oscilan entre 24 y 36 horas.
La reforma modifica la Ley de Cultura Cívica de la capital, añadiendo la prohibición de apartar lugares de estacionamiento o exigir dinero por vigilar, cuidar o lavar vehículos en la vía pública.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Pedro Haces, destacó que el objetivo no es criminalizar a quienes ejercen esta actividad, sino "abrirles las puertas a nuevas oportunidades". Indicó que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo colaborará con los franeleros y sus organizaciones para crear empleos dignos.
Entre los años 2019 y 2024, las remisiones por estas conductas incrementaron en más del 80%. La estrategia del gobierno incluye también campañas con automovilistas y vecinos para erradicar esta práctica.
La legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, declaró que la ciudadanía ha sido afectada por el cobro indebido de espacios públicos, algo que ella calificó como una "privatización" del espacio común. Resaltó que esta propuesta también ayuda a evitar otros delitos asociados a represalias.
El congresista del PVEM, Jesús Sesma Suárez, manifestó su apoyo al señalar que con esta reforma se da "un paso decisivo" para recuperar el espacio público, ya que la apropiación de calles vulnera derechos como el libre tránsito y la movilidad segura.
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa argumentó que la finalidad del dictamen es regular el uso del espacio público para evitar violencia o abusos. Añadió que se impulsarán políticas públicas orientadas a ofrecer alternativas de empleo y autoempleo para las familias que dependen de esta práctica.
El legislador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, reconoció que el tema ha sido mal manejado y que ello ha afectado la economía de la capital. Consideró que esta reforma permitirá generar oportunidades laborales para quienes realizan esta actividad informal.
La congresista Nora Arias Contreras sostuvo que la medida responde a prácticas de riesgo directo para la ciudadanía, como la obstrucción de pasos peatonales, bloqueos de accesos de emergencia o invasión de áreas de tránsito seguro.
Finalmente, el diputado Alberto Martínez Urincho subrayó que tanto la Constitución federal como la local garantizan el derecho colectivo al espacio público, y que las autoridades tienen la obligación de crearlo, ampliarlo, cuidarlo y defenderlo.
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