A finales de octubre se vence el plazo que Donald Trump estableció para México. La pregunta es si será posible resolver en tres meses un pliego petitorio que es más complicado que los de la CNTE.
Estados Unidos ha planteado una serie de quejas que México debe atender en varios sectores. Estos incluyen el funcionamiento de las aduanas, las dificultades de inversión en el sector energético, los registros en Cofepris de medicinas y equipos médicos, el uso de glifosato y pesticidas en la producción agroalimentaria, los permisos para cultivos de algodón modificados genéticamente, el respeto a la propiedad intelectual y la protección de las denominaciones de origen acordadas con la Unión Europea.
Además, EE. UU. exige respuestas sobre lo que considera condiciones inequitativas para empresas estadounidenses de servicios de pagos y garantía de competencia en telecomunicaciones tras la desaparición del IFT. También busca la revisión del monopolio estatal del litio y mayor apertura a inversiones en el sector minero.
No hay asunto fácil de resolver. En algunos casos, se trata de mejorar la comunicación sobre lo que se está haciendo, mientras que en otros puede ser necesario remover a funcionarios incompetentes o realizar inversiones para agilizar los procesos.
Esta lista no es exhaustiva y forma parte de un informe de 397 páginas emitido por la Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca, conocido como el US Trade Representative. Aunque el informe abarca temas globales, el enfoque sobre México ocupa apenas seis páginas y media, comparado con las 57 páginas dedicadas a China o las cinco de Canadá.
El documento utiliza un lenguaje poco diplomático, con un tono que podría describirse como imperativo y quejoso. El capítulo dedicado a México aborda en primer lugar las aduanas, señalando que “México continúa entregando información insuficiente de los cambios de procedimientos; es inconsistente la interpretación de los requisitos regulatorios en los diferentes puestos fronterizos... La notificación de los nuevos requerimientos fiscales o aduaneros se hace con frecuencia con menos de dos semanas de antelación...”
Además de las aduanas, el informe destaca que el rezago de Cofepris en la entrega de registros sanitarios es de 18 a 24 meses y que la aprobación de productos ya con el visto bueno de la Food and Drug Administration en Estados Unidos tarda hasta un año.
Entre las observaciones para México, figura el controvertido uso del glifosato y puntos que han pasado desapercibidos en medios no especializados, como las limitaciones a proveedores estadounidenses de servicios de pagos electrónicos, mencionando que el marco legal restringe a estos proveedores de ofrecer servicios de valor agregado, como protección antifraude, lo cual “Estados Unidos urge a México a facilitar un mercado competitivo y un campo de juego parejo, acorde con las obligaciones de México en el USMCA”.
Resolver todos estos asuntos en 90 días representa un gran desafío, con cualquier tema como posible detonador de un conflicto mayor, ya que la situación es compleja.
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