La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de Argentina ha planteado objeciones a la adquisición de los activos locales de Telefónica por parte de Telecom. Según el dictamen emitido, el organismo ha “identificado riesgos significativos” para la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones implicados, lo que podría afectar negativamente al interés económico general. En respuesta, se ha anunciado la convocatoria de una audiencia especial, aún sin fecha, para evaluar medidas que mitiguen estos posibles efectos adversos.
Telecom cuenta con un plazo de 15 días para presentar sus consideraciones respecto al dictamen y ofrecer posibles soluciones para mitigar los efectos sobre la competencia señalados en el informe de objeción, según lo ha manifestado la empresa en una notificación a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Desde fuentes internas de Telecom, el dictamen es considerado como “extemporáneo” por parte del Gobierno. La empresa asegura que, hasta la fecha, no ha presentado el “F2”, el formulario necesario para notificar estas operaciones a la CNDC, y tiene plazo hasta el 30 de junio para hacerlo. Esto, según la empresa, plantea una situación en la que deben responder a decisiones basadas en información que no han suministrado, vulnerando así sus derechos y aumentando las probabilidades de un proceso judicial.
Telecom destaca que no se le ha dado la oportunidad de presentar sus argumentos y demostrar que la operación no ocasiona un “perjuicio económico”, sino que representa oportunidades de inversión significativas.
El dictamen de la CNDC se elaboró a partir de solicitudes realizadas por entidades como Telecentro, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Acuda), y particulares vinculados a programas de propiedad participada de Telecom y Telefónica, un esquema originado en las privatizaciones que distribuyó parte del capital de las operadoras entre sus empleados.
Telecom, controlada por Cablevisión Holding —una sociedad entre el fondo Fintech y los accionistas principales del Grupo Clarín— adquirió los activos locales de Telefónica el 24 de febrero por un total de 1,250 millones de dólares. No obstante, desde antes del anuncio formal, el Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, había expresado su oposición a la transacción. En un primer movimiento oficial, la Secretaría de Comercio ordenó congelar la operación por seis meses y mantener ambas entidades separadas hasta que la CNDC emita una resolución final.
Recientemente, Telecom obtuvo un fallo judicial favorable que suspendió esta resolución inicial. La situación continúa generando expectativas sobre las determinaciones futuras de la CNDC y el desarrollo del proceso judicial.
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