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Afirmación: “Hoy, libremente, millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia” (Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo de México)
Calificación: Engañoso
“Hoy, libremente, millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia”. Con esta frase, pronunciada tras la jornada electoral del pasado 1 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, buscó destacar la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, la afirmación es engañosa: aunque millones acudieron a las urnas, la participación efectiva —aquella que se traduce en votos válidos a favor de candidaturas— fue baja, y el proceso estuvo marcado por un alto porcentaje de votos nulos y boletas en blanco. Esto refleja el desconocimiento generalizado sobre las candidaturas y cuestiona la legitimidad del ejercicio.
El 1 de junio se celebraron unas elecciones inéditas en México. Por primera vez en la historia del país, la ciudadanía fue llamada a elegir directamente a integrantes del Poder Judicial, como resultado de una controvertida reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la actual legislatura. La elección abarcó 2,681 cargos judiciales, entre ellos jueces, magistrados y ministras y ministros de la Suprema Corte. El gobierno federal calificó el proceso como un avance democrático; sin embargo, desde su concepción estuvo envuelto en polémica.
En las semanas previas a la jornada electoral, organismos civiles y observadores advirtieron sobre la falta de información clara y accesible sobre las funciones del Poder Judicial y los perfiles de las candidaturas. El electorado, señalaron, no contaba con los elementos necesarios para ejercer un voto informado. Este contexto pesó de manera evidente sobre la participación.
Los datos oficiales confirman este escenario. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana fue de apenas el 13 % del padrón electoral, lo que equivale a unos 13 millones de votantes. De acuerdo con el conteo final, con el 100 % de las 84,266 actas computadas, se registraron 90 millones 31 mil 918 votos válidos, lo que representa el 77.15 % de los sufragios emitidos. Al mismo tiempo, se contabilizaron 12 millones 604 mil 157 votos nulos (10.8 %) y 14 millones 54 mil 64 boletas sin marcas o con registros no identificables (12.04 %). Además, los votantes dejaron en blanco el 11.82 % de los recuadros donde debían colocar números para señalar qué persona juzgadora elegirían.
El porcentaje de votos nulos alcanzado en esta elección es inédito en la historia electoral reciente de México. De hecho, supera con creces los registros de las elecciones federales de 1994 a la fecha. Dobla el porcentaje más alto de votos nulos que hasta ahora se había registrado en una elección federal: el 5.40 % de las elecciones de diputados federales de 2009. En las elecciones de diputados federales de 2021, el porcentaje de votos nulos fue de 3.41 %, cifra muy similar a la de las elecciones intermedias de 2015, que alcanzaron 3.36 %. En la elección presidencial de 2024, los votos nulos representaron solo el 2.32 %, mientras que en la de 2018 fueron el 2.73 %. Incluso la consulta popular de 2021, que es un ejercicio no vinculante y con participación baja, registró apenas el 0.73 % de votos anulados.
La explicación de este récord en votos nulos y recuadros en blanco se encuentra, en parte, en la complejidad del propio diseño de la boleta. Los ciudadanos debían leer y revisar un total de 326 nombres repartidos en nueve listas, para de ahí identificar a los 47 de su preferencia y colocar los números respectivos en los recuadros correspondientes. Ante esta complejidad y la escasa información disponible sobre las personas candidatas, un número significativo de votantes optó por anular su voto o no marcar la boleta.
A pesar de estos datos, la narrativa oficial destacó la participación como un acto masivo de respaldo a la elección judicial. Sin embargo, el bajo nivel de participación, la gran cantidad de votos anulados o en blanco y el déficit informativo previo evidencian un panorama muy distinto al que sugiere la declaración de la presidenta.
Afirmar que “millones de mexicanas y mexicanos votaron por los nuevos guardianes de la justicia” omite elementos clave. En primer lugar, una participación del 13 % no puede considerarse masiva ni representativa. En segundo lugar, una proporción importante de los votantes optó por anular su sufragio o dejó su boleta en blanco, evidenciando descontento, desconocimiento o desconfianza hacia el proceso. Finalmente, la falta de información impidió que quienes sí votaron lo hicieran plenamente informados sobre las candidaturas.
Afirmación: “Si quisiéramos controlar al Poder Judicial, ¿qué sentido tendría convocar a una elección universal?”
calificación: Engañoso
Con esta frase, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, buscó defender la legitimidad de la inédita elección popular de jueces, magistrados y ministros, argumentando que abrir el proceso a toda la ciudadanía demostraría que no existe intención de controlar al Poder Judicial. Sin embargo, los hechos muestran que, pese al carácter universal de la votación, la elección estuvo marcada por un contexto de fuerte influencia del Ejecutivo, uso de estructuras partidistas y predominio de perfiles afines al Gobierno, lo que limita la independencia del resultado.
El proceso electoral estuvo marcado por el desconocimiento ciudadano sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la preparación e idoneidad de las candidaturas. Los votantes debían elegir entre 326 nombres repartidos en nueve listas, para seleccionar 47 cargos, en medio de una oferta electoral poco conocida y sin información accesible o equilibrada sobre los perfiles.
Además de la complejidad de la votación, las estructuras partidarias de Morena jugaron un papel activo durante la campaña y la jornada electoral. En distintos puntos del país se distribuyeron los llamados acordeones, hojas con recomendaciones explícitas para dirigir el voto hacia candidatos cercanos al Gobierno federal.
Los resultados oficiales muestran que la próxima integración de la SCJN estará dominada por perfiles vinculados al Ejecutivo. El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien trabajaba en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y fue propuesto por el Ejecutivo, obtuvo 6.2 millones de votos (5.2%), superando a la ministra en funciones Lenia Batres Guadarrama (4.9 %) pot apenas un 0.3%. Según las reglas electorales, Aguilar será el próximo presidente del tribunal.
Entre las candidaturas más votadas figuran:
En varios casos, los vínculos de los candidatos con el oficialismo son directos. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz son ministras cercanas al entorno oficialista María Estela Ríos fue su consejera jurídica. Hugo Aguilar trabajaba en el INPI durante la administración morenista. Irving Espinosa ha sido colaborador cercano de Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum. Por su parte, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, considerados más independientes, también aparecían en los acordeones difundidos por Morena.
El uso de materiales partidistas y la predominancia de perfiles vinculados al Ejecutivo en los resultados muestran que, aunque la elección fue formalmente universal, estuvo influenciada por el aparato político del Gobierno.
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