En un reciente comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a través de la Misión Permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su desacuerdo con el informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral de la OEA. Este informe se relaciona con las elecciones al Poder Judicial llevadas a cabo el pasado 1 de junio.
En el comunicado, la SRE señaló que las observaciones realizadas no reflejan adecuadamente el contexto ni las particularidades del proceso electoral en México. "Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones", indica la nota oficial.
La SRE subrayó que el proceso electoral se realizó conforme al marco legal vigente y contó con la participación activa de la ciudadanía. "Como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio, se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país”, apuntó el comunicado.
Jorge Alcocer, especialista y fundador de la revista Voz y Voto, comentó en una entrevista para Aristegui Noticias que las misiones de observación electoral, como la de la OEA, son invitadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), no por la SRE, encargada del comunicado. Añadió que corresponde al INE recibir y analizar el informe de la Misión de la OEA.
Desde 1994, cuando llegó a México la primera Misión de Asistencia Electoral de la ONU, el Gobierno no se había pronunciado sobre los informes de estas misiones.
En la nota diplomática dirigida al secretario general de la OEA, la SRE manifestó su rechazo a algunas recomendaciones del informe, indicando que la Misión de Observación Electoral de la OEA superó sus competencias y actuó de manera contraria a los principios de la Carta de la Organización, en particular al Artículo 3 (e). Este artículo establece que todo Estado tiene derecho a elegir su sistema político, económico y social sin injerencias externas.
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