El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que la ministra Yasmín Esquivel no puede ser sancionada en términos administrativos por la acusación de plagio en su tesis de licenciatura.
El proceso comenzó en enero de 2023, tras una serie de denuncias derivadas de la publicación de Guillermo Sheridan, quien documentó un presunto plagio en la tesis de licenciatura de la ministra.
La decisión fue tomada en una sesión privada de la Corte, donde participaron todos los integrantes del tribunal. Es relevante mencionar que la ministra Esquivel no se apartó de la votación.
El tribunal respaldó un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, considerando que actualmente no existen normas para investigar y sancionar administrativamente a los miembros de la SCJN.
El documento, dado a conocer este viernes y primero reportado por el diario Reforma, subraya que la ley proporciona "garantías reforzadas" a los ministros para enfrentar responsabilidades políticas y penales, extendiéndose también al ámbito administrativo.
Debemos tener en cuenta que el procedimiento de responsabilidad administrativa y las sanciones susceptibles de imponerse conllevan medidas que pueden interrumpir gravemente la función judicial. Esto incluye medidas como la suspensión del cargo, destituciones e inhabilitaciones. Las garantías en estos procedimientos son menos rigurosas que en los procedimientos penales y de responsabilidad política.
En consecuencia, el Tribunal Pleno determinó que una interpretación del marco constitucional vigente indica que el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no tiene validez para las faltas administrativas atribuidas a ministras y ministros de la SCJN. Ante la falta de un marco legislativo específico que desarrolle el procedimiento sancionador aplicable, las faltas administrativas y sus sanciones no pueden ser adecuadamente definidas ni aplicadas.
Interpretar lo contrario sugeriría una falta de garantías adecuadas frente a la responsabilidad administrativa, a pesar de las garantías reforzadas frente a responsabilidades políticas y penales. Esto podría perturbar e interrumpir las funciones del máximo tribunal del país.
En conclusión, mientras no exista un marco legislativo que precise las faltas y sanciones para los ministros de la SCJN, no se les puede atribuir una responsabilidad administrativa que interfiera con sus funciones judiciales.
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