El próximo domingo, los mexicanos se preparan para un evento electoral sin precedentes: la elección de todos sus jueces, una medida que no se ha visto antes en el mundo. Este ejercicio es defendido por el oficialismo de izquierda como una solución para combatir la impunidad, mientras que sus críticos advierten que podría fortalecer un régimen autoritario y abrir oportunidades para actividades delictivas.
Esta elección se deriva de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su mandato enfrentó diversos bloqueos judiciales a iniciativas significativas, desde cambios constitucionales hasta la implementación de grandes infraestructuras. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, sostiene que el voto popular podría ser un instrumento para reducir los altos niveles de impunidad que vive el país, donde un 90% de los casos permanecen sin sentencia.
No obstante, detractores de esta medida sugieren que el verdadero propósito es consolidar el control del poder judicial y neutralizar el único contrapeso al oficialismo, que ya tiene una presencia dominante en el legislativo y en la mayoría de las gobernaciones. La presidenta Sheinbaum ha defendido la medida argumentando que "el pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar", rechazando la percepción de indiferencia entre los votantes.
A pesar de estos argumentos, se estima que solo aproximadamente la mitad de los electores está al tanto de la fecha de los comicios y que únicamente cuatro de cada diez está seguro de participar, según encuestas realizadas por los diarios El Universal y El País.
En un contexto donde los partidos opositores se encuentran debilitados, algunos activistas han convocado a manifestaciones el domingo para expresar su rechazo a esta primera etapa de votaciones, en la que se elegirán 2,600 jueces federales y magistrados en 19 de los 32 estados. Los 4,000 jueces locales restantes serán sometidos a votación en 2027.
Esta jornada marca un hecho sin precedentes, aunque países como Estados Unidos y Bolivia ya contemplan la elección popular de ciertos jueces, nunca se había llevado a cabo en una escala que implica seleccionar a todos los magistrados judiciales.