Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, respondió el pasado 6 de mayo a la demanda civil presentada en su contra ante una corte federal en Washington D.C., Estados Unidos. En esta demanda, seis personas lo acusan de abusos de poder, coerción y tortura durante su mandato como fiscal (2011-2017), con el objetivo de obtener una reparación de daños.
Veytia, quien actualmente cumple una sentencia de cinco años de libertad supervisada por narcotráfico, rechazó las acusaciones y sugirió que hay un trasfondo político debido a su antiguo vínculo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En su defensa, argumentó que la demanda fue impulsada por “un grupo de personas que colaboran con su antiguo oponente político, Rodrigo González Barrios, quien es miembro del partido rival PRD”, tal como señala el documento presentado por su abogado, Alexei Schacht.
Schacht, conocido por llevar casos complejos relacionados con conspiración, migración, lavado de dinero y narcotráfico internacional en tribunales federales de Estados Unidos, sostiene la inocencia de Veytia en esta materia.
Además, Veytia afirmó que González se “autoproclama como presidente de una Comisión de la Verdad en Nayarit, la cual ha utilizado a personas, incluyendo a los demandantes, para presentar acusaciones falsas con el fin de enriquecerse injustamente”. Sobre la Comisión, Veytia declaró que no es una organización sin fines de lucro avalada por el gobierno, sino una operación de “extorsión” con fines de lucro.
El exfiscal también acusó a algunos de los demandantes de tener vínculos con el narcotráfico. Afirmó que uno de los demandantes es “un expolicía rural corrupto aliado con el Cártel de Sinaloa y un narcotraficante que trabajaba para el Cártel H-2”.
En su respuesta, Veytia exigió “pruebas rigurosas” de las acusaciones en su contra. A pesar de admitir haber sido condenado por delitos de narcotráfico y haber cumplido una sentencia, negó haber orquestado actos de tortura “contra los demandantes o que haya dañado a los demandantes de alguna manera”.
Frente a las acusaciones específicas de tortura y coerción incluidas en la demanda, Veytia aseguró que “son todas negadas”. Además, subrayó que personas que se dicen agraviadas ya han obtenido beneficios económicos mediante denuncias similares en México, aunque no proporcionó detalles adicionales.
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